Montenegro pedirá el jury de la jueza que suspendió la ley penal juvenil

El senador bonaerense Guillermo Montenegro anunció que promoverá un jury de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora, luego de que la magistrada suspendiera durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio provincial.

Montenegro cuestionó el alcance colectivo de la medida cautelar y sostuvo que una jueza provincial no puede frenar una norma sancionada por el Congreso. “Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso. Y si una ley es constitucional, se cumple”, afirmó.

La falta de infraestructura, en el centro del fallo

La suspensión judicial fue dispuesta ante la falta de condiciones materiales, institucionales y presupuestarias para aplicar el régimen en la provincia de Buenos Aires. La resolución puso el foco en la disponibilidad de lugares adecuados para alojar a adolescentes, los equipos interdisciplinarios y las garantías específicas que deben regir en los procesos penales juveniles.

Montenegro rechazó que esas deficiencias puedan utilizarse como fundamento para detener la aplicación de la normativa. “Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley”, manifestó.

El legislador también encuadró su planteo en un discurso centrado en las víctimas y los vecinos afectados por hechos delictivos. Aseguró que el Estado debe proteger a quienes tienen miedo, sufrieron robos o modificaron su vida cotidiana por la inseguridad.

Una discusión que excede el fallo

El pedido de jury anunciado por Montenegro profundiza la controversia política y jurídica alrededor de una reforma que requiere mucho más que la entrada en vigencia de una ley. Su aplicación demanda establecimientos especializados, personal capacitado y políticas de acompañamiento y reinserción acordes con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La decisión de Pascual no declaró la inconstitucionalidad de la norma, sino que suspendió temporalmente su implementación en la provincia. El plazo busca permitir que las autoridades acrediten la existencia de las condiciones necesarias para ponerla en funcionamiento sin vulnerar garantías constitucionales.