Alonso cruzó a Santilli: “Bajar la edad no alcanza”

La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires profundizó el enfrentamiento entre la administración de Axel Kicillof y el Gobierno nacional. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió a las críticas de Patricia Bullrich y Diego Santilli y advirtió que bajar la edad de imputabilidad no garantiza por sí sola una política de seguridad.

La controversia comenzó después de que la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, suspendiera preventivamente la aplicación de la reforma al considerar que no están dadas las condiciones materiales e institucionales para incorporar a más adolescentes al sistema penal.

Santilli cuestionó el “silencio” de Kicillof y acusó al gobernador de ubicarse “del lado del delincuente, nunca de la víctima”. Alonso respondió que se trató de una decisión judicial y reclamó al funcionario nacional que respete la división de poderes.

El reclamo por los recursos

“Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, afirmó Alonso, quien enumeró la necesidad de crear nuevos juzgados y fiscalías especializadas, ampliar los centros de detención y contar con infraestructura, equipos interdisciplinarios y personal capacitado.

El ministro sostuvo que “a la Provincia no llegó un peso” para implementar el nuevo sistema y acusó al Gobierno de Javier Milei de impulsar una modificación legal sin garantizar los recursos necesarios.

“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, lanzó el funcionario bonaerense.

La disputa por las cifras de seguridad

Alonso también rechazó las críticas de Bullrich contra la gestión provincial y recordó que la exministra nacional presentó a la Argentina como uno de los países más seguros de la región.

“La Provincia no puede ser un baño de sangre si Argentina es el país más seguro de la región”, planteó. Según afirmó, la reducción de los homicidios bonaerenses contribuyó a los indicadores nacionales y actualmente existen 18 mil personas privadas de la libertad más que al comienzo de la gestión de Kicillof.