LLA denunció a la jueza que suspendió el régimen juvenil

La decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió una fuerte ofensiva política y judicial contra la magistrada. La Libertad Avanza anunció que impulsará su juicio político, mientras que la Asociación Civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal y pidió intervenir en la causa que originó la medida cautelar.

Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, frenó temporalmente la implementación de la Ley 27.801 tras un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada consideró que la Provincia no reúne todavía las condiciones materiales e institucionales necesarias para incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años.

La suspensión alcanza exclusivamente al territorio bonaerense y continuará, en principio, hasta que se analicen las condiciones de infraestructura, alojamiento, educación y reinserción disponibles para aplicar el nuevo régimen.

LLA prepara el pedido de juicio político

La Libertad Avanza bonaerense informó que sus legisladores y equipos técnicos trabajan en una presentación destinada a promover el enjuiciamiento de Pascual.

El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabeza la mesa encargada de definir el mecanismo institucional mediante el cual buscarán avanzar con la destitución de la jueza. El dirigente acusó a la magistrada de adoptar una resolución política y de interferir en la aplicación de una ley sancionada por el Congreso Nacional.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, sostuvo Pareja.

El diputado nacional también rechazó los argumentos relacionados con la falta de condiciones materiales para implementar la reforma y vinculó la resolución con la política de seguridad de la administración de Axel Kicillof.

“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes”, afirmó.

Pareja fue más allá y acusó a Pascual de actuar como “un peón del gobernador”, aunque no aportó pruebas que acreditaran una intervención del Ejecutivo provincial en la resolución judicial. Para el dirigente libertario, la jueza antepuso una posición política a una norma aprobada por el Congreso.

“Por eso, claramente debemos pedir su enjuiciamiento. Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”, manifestó.

Los bloques libertarios acompañaron la ofensiva

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, también cuestionó con dureza la suspensión y aseguró que la medida favorece la impunidad.

“Esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad”, sostuvo.

En la misma línea, el titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados provincial, Juan Osaba, calificó la resolución como un “fallo político” y confirmó que el espacio impulsará el juicio político.

“Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad”, expresó el legislador.

Osaba aseguró que, para su espacio, no existen argumentos que justifiquen la suspensión de una norma nacional y remarcó que la ley fue aprobada por el Congreso. “Vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, anticipó.

Usina de Justicia presentó una denuncia penal

La ofensiva contra Pascual no quedó limitada al ámbito político. La Asociación Civil Usina de Justicia denunció a la magistrada por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, previstos en los artículos 246, inciso tercero, y 248 del Código Penal.

La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto, con el patrocinio de Martín Luis Sarubbi. Según la organización, la titular del juzgado habría excedido sus facultades al suspender, con alcance general, la aplicación de una ley penal dictada por el Congreso.

“Un juez de garantías, sea del fuero que fuere, carece absolutamente de atribuciones constitucionales para suspender por sí mismo, de manera generalizada y abstracta, la aplicación de una ley penal sustantiva dictada por el Congreso de la Nación”, argumentó la entidad.

Para Usina de Justicia, la medida genera una asimetría entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones, donde el régimen se encuentra vigente desde el 5 de septiembre. La asociación calificó esa diferencia como una “amnistía impropia” y sostuvo que no deberían existir distintos niveles de respuesta penal según el territorio en el que se cometa un delito.

Las víctimas buscan intervenir en la causa

Además de denunciar penalmente a Pascual, Usina de Justicia pidió ser admitida como amicus curiae en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”.

El propósito es participar de la audiencia prevista para el 16 de septiembre y sumar la perspectiva de las víctimas a la discusión sobre la implementación del nuevo sistema.

La entidad fundamentó su solicitud en la Ley Nacional de Víctimas N.º 27.372 y en la Ley de Víctimas bonaerense N.º 15.232, que reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva, la protección, el acceso a la Justicia y la posibilidad de ser escuchadas frente a decisiones que puedan afectar la acción penal o la situación de los imputados.

La presentación también destacó que la Ley 27.801 no contempla únicamente penas de prisión. El régimen incorpora medidas socioeducativas, continuidad obligatoria dentro del sistema escolar, capacitación laboral, tratamientos psicológicos y médicos, servicios comunitarios, reparación del daño, restricciones de acercamiento y dispositivos electrónicos de monitoreo.

Según Usina, esas alternativas permiten sostener que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años no provocará necesariamente un aumento equivalente de las privaciones de la libertad. La norma, además, prohíbe la prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años para los delitos más graves.

Por qué la jueza suspendió el régimen

La resolución de Pascual se produjo después del habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización vinculada con el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori.

El planteo advirtió que la provincia de Buenos Aires no dispone de las condiciones necesarias para ampliar inmediatamente el universo de adolescentes alcanzados por el sistema. La jueza basó su decisión en el principio precautorio y en normas internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes.

Entre ellas mencionó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General N.º 24 de Naciones Unidas y las Reglas de La Habana, que establecen que la privación de la libertad de adolescentes debe utilizarse como último recurso.

También describió dificultades estructurales y de habitabilidad en los centros socioeducativos, problemas para garantizar la educación obligatoria, períodos prolongados de aislamiento y deficiencias en los programas de capacitación laboral y reinserción.

Como ejemplo, recordó que en Lomas de Zamora se había establecido un cupo máximo de 60 adolescentes debido a las condiciones del establecimiento. Para la magistrada, incorporar a jóvenes de 14 y 15 años sin una adecuación previa podría profundizar el hacinamiento y las vulneraciones de derechos.

Una audiencia clave para el conflicto

El siguiente capítulo se desarrollará el 16 de septiembre a las 10, durante la audiencia convocada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora.

Fueron citados representantes de los ministerios bonaerenses de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, además de autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Deberán informar qué medidas fueron adoptadas para aplicar la Ley 27.801, qué obras y programas de reinserción están previstos y cuánto tiempo demandará la adecuación de los centros.

La discusión también tendrá un capítulo presupuestario. La implementación nacional del régimen cuenta con una asignación inicial de $23.739.155.303,08, además de una Mesa Federal e Interministerial y herramientas específicas para realizar el seguimiento de los adolescentes.

El conflicto ya trascendió la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad. Ahora enfrenta al oficialismo nacional con una magistrada bonaerense, incorpora un pedido de juicio político y una denuncia penal, y vuelve a poner en debate las condiciones concretas necesarias para aplicar una de las reformas más sensibles de los últimos años.