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Deudores denunciaron hostigamiento de agencias de cobranza
13:02 | Unas 150 personas expusieron en la Legislatura porteña llamados insistentes, amenazas y contactos con familiares o lugares de trabajo. Leandro Santoro advirtió que esas prácticas buscan “desestabilizar emocionalmente” a quienes mantienen deudas.
Alrededor de 150 personas participaron de una jornada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar las prácticas abusivas que atribuyen a distintas agencias dedicadas al cobro de deudas.
El encuentro se desarrolló en el Salón Dorado del Parlamento porteño y tuvo como objetivo escuchar los testimonios de vecinos que aseguran haber sido sometidos a llamados reiterados, mensajes intimidatorios y otras formas de presión para forzar el pago de compromisos financieros.
La actividad fue convocada por el legislador de Fuerza por Buenos Aires Leandro Santoro, quien puso el foco en los métodos utilizados por estas empresas y en las consecuencias emocionales que generan sobre personas que, en muchos casos, ya atraviesan situaciones económicas críticas.
Presión sobre deudores y sus familias
Durante la jornada se describieron contactos persistentes a cualquier hora, comunicaciones con familiares, vecinos o empleadores y advertencias sobre supuestas consecuencias judiciales. Los denunciantes señalaron que esas prácticas exceden un reclamo legítimo y se transforman en mecanismos de intimidación.
Santoro sostuvo que la estrategia de las agencias de cobranza consiste en “desestabilizar emocionalmente a las personas” para obtener el pago y anticipó que trabaja en una iniciativa destinada a regular el funcionamiento de esas firmas y establecer límites claros a sus procedimientos.
El legislador planteó que la existencia de una deuda no elimina los derechos de los consumidores ni habilita la exposición pública, las amenazas o la persecución de su entorno.
La discusión cobró fuerza en un escenario marcado por el crecimiento del endeudamiento familiar y las dificultades para afrontar tarjetas de crédito, préstamos personales y servicios básicos.
En ese contexto, los participantes reclamaron herramientas efectivas para denunciar abusos, sanciones contra las empresas que incumplan las normas y mecanismos de negociación que contemplen la capacidad real de pago de cada persona.
