La Justicia dispuso la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, en una decisión que posterga la aplicación de la normativa nacional que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La medida judicial alcanza la instrumentación del sistema en territorio bonaerense y concede un plazo para revisar las condiciones con las que cuenta la Provincia para recibir, alojar y abordar a los adolescentes comprendidos por la reforma. El fallo pone el foco en la necesidad de preservar las garantías previstas para niños y adolescentes y evitar que sean incorporados a estructuras destinadas a personas adultas.
La Ley 27.801 comenzó a regir en el país el 5 de septiembre y reemplazó el régimen vigente desde 1980. Además de reducir la edad de punibilidad, establece mecanismos específicos de intervención, seguimiento judicial y medidas orientadas a la educación, resocialización e integración social de los adolescentes.
Una implementación bajo discusión
La entrada en vigencia de la reforma generó advertencias en distintos sectores judiciales y organismos vinculados con la niñez, que señalaron la necesidad de contar con personal especializado, dispositivos adecuados y partidas presupuestarias suficientes. También remarcaron que la aplicación no puede limitarse a endurecer las respuestas penales sin garantizar políticas de protección, educación y reinserción.
La suspensión no invalida la ley nacional, pero demora su implementación en la provincia de Buenos Aires mientras se evalúan las condiciones institucionales del sistema. Durante ese período continuará el debate sobre las responsabilidades de la Nación y la Provincia para adecuar juzgados, centros especializados y equipos interdisciplinarios.