La fórmula para terminar con los baches: denuncian que Morón quiere vender una calle

El mantenimiento de las calles podría dejar de representar un problema para el intendente de Morón, Lucas Ghi, aunque mediante una fórmula que ya despertó una fuerte controversia política, vecinal y judicial: desafectar del uso público y eventualmente vender una cuadra completa a una empresa privada. La operación todavía se encuentra bajo análisis del Concejo Deliberante, pero un abogado y vecino del distrito presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si durante su tramitación pudo cometerse algún delito contra la administración municipal.

La presentación fue realizada por el exfiscal Javier Baños y apunta a la posible transferencia a la empresa textil ENOD S.A. del tramo de la calle General Donato Álvarez comprendido entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento. La firma tiene su fábrica y su depósito separados por esa arteria y pretende incorporar los cerca de cien metros de espacio público para unificar ambos establecimientos y ampliar su planta productiva.

El proyecto tramita mediante los expedientes municipales 4079-11408/24 y 86977/25 del Concejo Deliberante. La propuesta fue discutida durante una audiencia pública celebrada a fines de agosto, donde funcionarios municipales, representantes empresariales y concejales expusieron sus posiciones sobre una operación que, por el momento, no fue aprobada.

Baños pidió que se investigue la actuación del intendente, de los funcionarios municipales que intervinieron en el expediente y de los representantes y beneficiarios de ENOD, además de las firmas vinculadas CILDA S.A. y Australtex S.A. Según publica el portal El Cactus, la denuncia también podría alcanzar a los concejales que eventualmente voten la desafectación si se comprobara que conocían las irregularidades advertidas.

Una tasación cuestionada

Uno de los principales ejes de la denuncia es el valor atribuido a la calle. La tasación preliminar realizada por el Colegio de Martilleros de Morón habría fijado un precio cercano a los 160 dólares por metro cuadrado, lo que llevaría el valor total de la cuadra a unos 200 mil dólares.

Durante la audiencia pública, sin embargo, se advirtió que el metro cuadrado en la zona podría alcanzar los 2.000 dólares. La diferencia, superior a doce veces, llevó al denunciante a reclamar una tasación judicial independiente para determinar si la eventual operación podría producir un perjuicio patrimonial al Municipio.

Desde el Ejecutivo explicaron que el valor disponible no es definitivo y que la estimación fue realizada dos años atrás. La arteria no cuenta con nomenclatura catastral propia, una situación que inicialmente habría impedido la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

“Si vamos a sentar este precedente, todos los vecinos van a tener derecho a comprar una calle. Si quieren extenderse tienen que comprar terrenos, no comprar una calle”, cuestionó la concejala de La Libertad Avanza María Mobilia durante la audiencia.

Promesas de inversión que no figuran como obligaciones

El gerente de Relaciones Institucionales de ENOD, Jorge Leone, explicó que la empresa busca conectar la fábrica con el depósito para unificar las dos manzanas linderas a las vías ferroviarias y al predio de La Cantábrica. Según expuso, el proyecto contempla una inversión cercana a los 10 millones de dólares y la incorporación de entre 80 y 100 trabajadores, con la intención de alcanzar una planta total de 480 empleados.

El representante empresarial indicó que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines y de la Asociación Obrera Textil. No obstante, la denuncia sostiene que esos compromisos de inversión y creación de empleo no fueron incorporados al proyecto de ordenanza como obligaciones exigibles.

El expediente tampoco establecería garantías, cauciones, sanciones por incumplimiento ni mecanismos que permitan revertir la transferencia si la empresa no concreta las promesas formuladas. Según la presentación judicial, entregar un bien público sobre la base de compromisos sin respaldo jurídico podría generar un perjuicio irreversible para el patrimonio municipal.

Sin estudios independientes sobre el impacto

Otro punto cuestionado es la falta de estudios independientes de impacto ambiental, vial y de seguridad. El director de Catastro municipal, Guillermo Baraglia, reconoció durante la audiencia que el expediente contiene informes de dependencias del propio Ejecutivo, pero no un análisis externo e interdisciplinario sobre las consecuencias del cierre de la arteria.

La cuadra se encuentra cerca de la barrera de Pueyrredón, uno de los pasos ferroviarios con mayor circulación de Morón. Para el denunciante, Donato Álvarez funciona como una vía alternativa ante cortes de las vías, accidentes, emergencias médicas o inundaciones, por lo que su eliminación podría perjudicar el desplazamiento de ambulancias, bomberos y patrulleros.

La empresa y algunos funcionarios municipales sostuvieron, en cambio, que se trata de una calle deteriorada, con escasa circulación y utilizada en diferentes períodos como estacionamiento o depósito informal de residuos. Leone consideró que la unificación de los predios podría mejorar la seguridad del sector y rechazó que el proyecto fuera a provocar mayores problemas de tránsito.

Las reuniones con funcionarios municipales

Durante la audiencia, el representante de ENOD reconoció que las gestiones fueron realizadas directamente con el intendente Lucas Ghi, el secretario de Producción, Santiago Muñiz, y el arquitecto Pablo Itzcovich. También habrían participado dirigentes sindicales y delegados de la fábrica.

A partir de esa declaración, la denuncia solicitó investigar cuándo se desarrollaron las reuniones, qué compromisos fueron asumidos y si existió algún trato diferencial. Entre las pruebas requeridas figuran la remisión completa de los expedientes administrativos y legislativos, pericias contables y ambientales, testimonios de funcionarios y empresarios y el análisis de sus comunicaciones.

Baños también pidió medidas cautelares para impedir que la transferencia se concrete mientras avanza la investigación. Los delitos mencionados en la presentación son provisionales y deberán ser evaluados por la Justicia; entre ellos aparecen defraudación y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de bienes públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Hasta el momento, la existencia de la denuncia no implica que se haya comprobado la comisión de ninguno de esos ilícitos.