El massismo le puso un freno a Kicillof por las vacantes en la Suprema Corte

El Frente Renovador marcó distancia del gobernador Axel Kicillof en torno a una de las decisiones institucionales más sensibles de la provincia de Buenos Aires: la integración de la Suprema Corte. La diputada bonaerense Sofía Vannelli sostuvo que, debido al tiempo transcurrido sin que se impulsaran las designaciones, las candidaturas deberían ser elevadas por el próximo gobernador o gobernadora.

“Kicillof ya está concluyendo su segundo mandato”, señaló la legisladora, al plantear que las vacantes del máximo tribunal no deberían cubrirse sobre el cierre de la actual gestión. La declaración expuso una nueva diferencia entre el massismo y el mandatario provincial dentro del peronismo bonaerense.

Vannelli formuló estas consideraciones durante el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial, realizado en Mercedes con la participación de más de 500 referentes del sistema judicial.

Críticas por la demora en los nombramientos

La legisladora también cuestionó la falta de sincronización entre el trabajo desarrollado por el Consejo de la Magistratura y el envío de las designaciones al Senado bonaerense. Según detalló, el organismo registra 360 vacantes y realizó más de 17.000 exámenes, mientras continúan pendientes nombramientos correspondientes a fiscalías, defensorías y órganos de primera y segunda instancia.

Sus declaraciones se produjeron en momentos en que el Ministerio de Justicia provincial prepara la remisión de alrededor de 200 pliegos de funcionarios judiciales a la Cámara alta. Para la diputada, sin embargo, la cantidad de expedientes ya trabajados por el Consejo supera ampliamente ese número.

Nueve proyectos para reformar el Consejo

Vannelli indicó que existen nueve iniciativas activas en la Legislatura para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Los proyectos pueden agruparse en cuatro ejes: la evaluación de postulantes y el ritmo de las convocatorias, la composición de los distintos estamentos, la actuación de integrantes suplentes y la paridad de género.

Entre las propuestas bajo análisis aparecen el regreso de evaluaciones orales videofilmadas, la implementación previa de la Escuela Judicial, la consolidación del examen escrito anónimo y la incorporación de un perfil psicológico y psiquiátrico obligatorio para las personas postulantes.

También se discute reducir de 18 a 15 la cantidad de integrantes del Consejo para limitar el peso del sector político, establecer motivos precisos para los reemplazos y evitar la participación simultánea de titulares y suplentes.

En materia de género, algunos proyectos proponen mantener una integración paritaria de 18 miembros y disponer que las vacantes sean ocupadas por mujeres hasta alcanzar una representación equilibrada.

Para la legisladora massista, el debate ya no pasa por decidir si el Consejo necesita cambios, sino por determinar cómo mejorar su funcionamiento, agilizar los concursos y garantizar transparencia. Su pedido de postergar la integración de la Corte, sin embargo, trasladó esa discusión técnica al centro de la interna política de Unión por la Patria.