El Colegio de Obstetras de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la actualización del Vademécum Obstétrico impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense y advirtió que la medida podría exponer a las y los profesionales a denuncias por mala praxis, acusaciones de ejercicio ilegal de la medicina y la eventual pérdida de cobertura de los seguros de responsabilidad profesional.
La controversia surgió luego de que la cartera encabezada por Nicolás Kreplak ampliara la nómina de medicamentos, insumos y prácticas que pueden prescribir o realizar quienes poseen la Licenciatura en Obstetricia. Según explicó el Gobierno provincial, la decisión pretende fortalecer su participación en los equipos sanitarios y facilitar el acceso de la población a la atención en salud sexual y reproductiva.
La actualización, que alcanza a más de 2.700 obstetras que trabajan en el sistema sanitario bonaerense, incorpora medicamentos como misoprostol y mifepristona, además de antibióticos, métodos anticonceptivos —entre ellos anillos, parches, implantes y dispositivos intrauterinos con levonorgestrel— y herramientas destinadas al abordaje de emergencias obstétricas.
Una discusión sobre formación e incumbencias
Desde el Colegio aclararon que el cuestionamiento no está dirigido contra los objetivos de las políticas sanitarias, sino contra el mecanismo elegido para redefinir las competencias profesionales. La entidad sostiene que una disposición administrativa del Ministerio de Salud no puede modificar los alcances de un título universitario, establecidos a partir de la formación académica y del marco normativo correspondiente.
“Obligar a profesionales obstetras a prescribir fármacos fuera de sus competencias legales, tales como la mifepristona o el misoprostol, podría exponerlos a graves consecuencias jurídicas y patrimoniales”, advirtieron.
Entre los posibles riesgos, la institución mencionó eventuales situaciones de mala praxis, denuncias por ejercicio ilegal de la medicina y la pérdida de cobertura de los seguros de responsabilidad profesional, con la consecuente desprotección patrimonial.
El reclamo se concentra en las responsabilidades que podrían recaer sobre quienes utilicen los medicamentos incorporados al nuevo vademécum. Para el Colegio, las y los obstetras deben ejercer dentro de las competencias para las cuales fueron formados y legalmente habilitados, sin que una resolución les traslade obligaciones que excedan ese marco.
La respuesta del Ministerio de Salud
La cartera sanitaria bonaerense sostiene, por el contrario, que la actualización permite precisar las facultades de prescripción, brindar mayor seguridad jurídica a quienes trabajan en el sistema y reconocer prácticas que ya forman parte del ejercicio profesional.
El Gobierno provincial también vinculó la medida con las transformaciones registradas en la atención de la salud sexual y reproductiva y con las recomendaciones de organismos internacionales que reconocen el papel de los obstetras en el abordaje integral de la salud materna, neonatal y adolescente.
Según la información oficial, la propuesta fue analizada por el Consejo Asesor de Políticas en Equidad de Género del Ministerio de Salud y tomó como referencia las experiencias de otras provincias que avanzaron en la ampliación de las competencias vinculadas con la obstetricia.
Respaldo de entidades profesionales
La postura del Colegio de Obstetras recibió el acompañamiento de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires, los Colegios y Consejos Profesionales de Zona Oeste y el Foro de Entidades Profesionales del Noroeste.
Las organizaciones coincidieron en la necesidad de resguardar las incumbencias profesionales, la autonomía universitaria, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica. FEPUBA aclaró que su posición no implica desconocer las políticas sanitarias provinciales, aunque reclamó que esos objetivos sean alcanzados mediante mecanismos institucionales adecuados y con la participación de los organismos competentes.
Desde el Foro de Entidades Profesionales del Noroeste afirmaron que “no corresponde modificar las atribuciones profesionales a través de resoluciones administrativas de alcance general emanadas de un organismo provincial” y advirtieron que avanzar sobre competencias no contempladas en la formación específica podría representar una extralimitación sobre los contenidos establecidos en los planes de estudio.
“El Colegio continuará defendiendo los alcances del título de las licenciadas y los licenciados en Obstetricia, así como el derecho de cada profesional a ejercer dentro de las competencias para las cuales ha sido formado y legalmente habilitado”, concluyó la entidad.