Buscan que la Defensoría intervenga ante el sobreendeudamiento

Ante el crecimiento del endeudamiento de los hogares, un proyecto de ley propone que la Defensoría del Pueblo bonaerense pueda acompañar de manera gratuita a quienes ya no logran afrontar sus compromisos financieros y actuar como intermediaria frente a bancos, financieras, plataformas digitales y agencias de cobro.

La iniciativa, presentada por el diputado provincial Facundo Tignanelli, plantea la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. El mecanismo contempla una instancia prejudicial obligatoria destinada a facilitar la reestructuración de las obligaciones antes de que los conflictos lleguen a los tribunales.

La propuesta busca que cada caso sea abordado a partir de la situación económica integral de la persona y no mediante negociaciones aisladas con cada acreedor. De ese modo, se intentará evitar que un acuerdo destinado a cancelar una deuda termine imposibilitando el cumplimiento de las restantes o comprometiendo los recursos indispensables para la subsistencia familiar.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, explicó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El funcionario señaló que el mecanismo buscará alcanzar soluciones justas para ambas partes, mediante procedimientos accesibles y prácticos, y terminar con la hostilidad y el maltrato que muchas personas padecen durante las cobranzas.

Participación obligatoria de los acreedores

En caso de aprobarse la ley, los acreedores estarán obligados a participar y colaborar con el procedimiento. La falta de comparecencia o de respuesta, la negativa injustificada a entregar información, la presentación de datos falsos y las maniobras dilatorias serán consideradas incumplimientos.

Tignanelli sostuvo que el propósito es equilibrar la relación entre las personas endeudadas y las empresas. “El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, afirmó.

El proyecto procura facilitar la regularización de las obligaciones, preservar condiciones razonables de subsistencia para la persona deudora y su grupo familiar, evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, comisiones y cargos, y adecuar los acuerdos a la capacidad económica real de cada caso.

También apunta a prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento y la cobranza de créditos, conservar el acceso al sistema financiero, reducir la judicialización y garantizar modalidades de cobro dignas y transparentes. Si la propuesta se convierte en ley, la intervención gratuita de la Defensoría será un paso obligatorio antes de avanzar por la vía judicial.