La decisión del Gobierno nacional de reducir las actividades operativas de la Base Aeronaval Punta Indio encendió la preocupación entre vecinos, trabajadores y dirigentes del distrito, que alertaron sobre el impacto económico, social y estratégico que podría provocar el traslado de distintas dependencias hacia Bahía Blanca.
Representantes de la comunidad fueron recibidos por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, para analizar las consecuencias del traslado de la Escuela de Aviación Naval y de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima a la Base Aeronaval Comandante Espora.
Durante el encuentro, los vecinos expusieron la incertidumbre que atraviesan las familias vinculadas con la institución y señalaron que la medida también repercutiría sobre comercios, proveedores y otras actividades económicas de Punta Indio.
La decisión alcanza directamente a 185 trabajadores civiles y 300 efectivos militares junto con sus familias. Según las estimaciones incorporadas al reclamo, el traslado podría retirar de la economía local entre 500 y 600 millones de pesos mensuales correspondientes a salarios, además de alrededor de 200 millones destinados al pago de proveedores.
Las cifras adquieren una dimensión especialmente significativa en un distrito de aproximadamente 12.500 habitantes, cuya actividad económica y vida comunitaria mantienen una estrecha relación con el funcionamiento de la Base Aeronaval.
Un proyecto para llevar el reclamo a la Legislatura
Civale presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de declaración para expresar formalmente la preocupación por la medida y destacar la importancia histórica, social y estratégica de la Base Aeronaval Punta Indio.
“Estamos hablando de una institución que no solamente forma parte de la historia de la Aviación Naval argentina, sino que está profundamente vinculada con la identidad y la vida cotidiana de toda una comunidad”, sostuvo el legislador.
La iniciativa también remarca la ubicación estratégica de la Base para la custodia de la desembocadura del Río de la Plata y advierte sobre la pérdida de conocimiento técnico y capacidades de vigilancia marítima que implicaría el traslado.
Civale aseguró que continuará acompañando el reclamo y promoviendo el tratamiento del proyecto en la Legislatura. “Cuando una decisión del Estado nacional puede alterar de esta manera la vida de una comunidad, tenemos la responsabilidad de abrir los espacios institucionales para que esa voz sea escuchada”, concluyó.