Una demanda contra el saqueo de recursos en Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas presentaron una acción judicial contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited por el proyecto de explotación hidrocarburífera que pretenden desarrollar en aguas circundantes a las islas Malvinas.

La presentación fue radicada ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de la jueza Mariel Borruto. Quedó registrada bajo el expediente FCR 13706/2026, con la carátula “Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y otro c/ Rockhopper Exploration y otro s/ Civil y Comercial–Varios”.

Las organizaciones impulsaron una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva. Sostuvieron que ambas empresas operan a partir de concesiones otorgadas por el gobierno británico que ocupa las islas y que pretenden extraer recursos pertenecientes a la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

Ambiente y soberanía, el eje de la demanda

La presentación incorpora el concepto de “tutela ambiental soberana”, al considerar que sobre un mismo territorio están en juego dos bienes colectivos e indivisibles: el ambiente y la soberanía.

Según la demanda, el posible daño tiene una causa común: una explotación hidrocarburífera ejecutada sin intervención argentina. Esa actividad tendría consecuencias tanto sobre el ecosistema marino como sobre la capacidad del país para decidir, prevenir, controlar y fiscalizar lo que sucede en su territorio.

El planteo busca que la Justicia aplique la legislación argentina a Rockhopper y Navitas. Para ello, argumenta que los pozos proyectados se encuentran sobre la plataforma continental nacional, que la normativa exige una evaluación ambiental previa y que las empresas no cuentan con habilitaciones emitidas por la República Argentina.

El escrito también invoca la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El antecedente de Naciones Unidas

Otro de los fundamentos es la Resolución 31/49, aprobada en 1976 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La norma exhorta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía.

Los demandantes consideran que la instalación de infraestructura petrolera permanente y la explotación masiva de recursos naturales durante décadas constituyen una modificación unilateral incompatible con esa resolución.

Desde las organizaciones remarcaron que las petroleras no desarrollan una actividad extranjera dentro de un territorio ajeno, sino una actividad no autorizada sobre territorio argentino y, por lo tanto, alcanzada por normas nacionales de orden público.

Un proyecto de gran escala

El proyecto “León Marino”, denominado “Sea Lion” por las empresas, contempla la perforación de 23 pozos: 16 destinados a la producción de petróleo, seis a la inyección de agua y uno a la inyección de gas.

El sistema funcionaría alrededor de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO, con capacidad para procesar aproximadamente 120.000 barriles de petróleo y 140 millones de pies cúbicos de gas por día.

Los impulsores de la demanda compararon la magnitud del yacimiento con una segunda Vaca Muerta y remarcaron que se trata de recursos pertenecientes a la Argentina.

La presentación calcula que la etapa de desarrollo podría generar alrededor de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono. A esa cantidad se sumarían más de 100 millones de toneladas derivadas de la posterior quema del petróleo extraído.

Advierten sobre riesgos para el Mar Argentino

La acción identifica posibles daños sobre mamíferos y aves marinas, el fondo oceánico y las actividades productivas desarrolladas en el Mar Argentino. También advierte sobre el peligro de derrames y la introducción de especies invasoras mediante la infraestructura y el movimiento de embarcaciones.

Uno de los principales argumentos ambientales está relacionado con la Corriente de Malvinas, que se desplaza predominantemente hacia el norte. De acuerdo con la presentación, un derrame importante podría transportar contaminantes más allá del área inmediata de explotación y afectar otros espacios productivos y ambientalmente sensibles.

Las organizaciones sostuvieron que las empresas no tramitaron ante el Estado argentino una Evaluación de Impacto Ambiental ni cuentan con un Certificado de Aptitud Ambiental nacional.

Debido al carácter preventivo de la acción, remarcaron que no resulta necesario esperar a que ocurra un derrame para habilitar la intervención judicial. El planteo se apoya en los principios de prevención y precaución, aplicables cuando existe la posibilidad de un daño grave o irreversible.

Pidieron paralizar las obras y bloquear el financiamiento

Como medida cautelar, el CECIM La Plata y la asociación ambientalista solicitaron una orden de no innovar que paralice el inicio o la continuidad de las obras vinculadas con “León Marino”.

El pedido comprende perforaciones, movimientos del lecho marino, instalación de oleoductos, infraestructura de fondeo y cualquier otra tarea relacionada con el yacimiento y sus pozos adyacentes.

La demanda también apunta al circuito financiero. Solicita impedir nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes o garantías destinados a posibilitar la continuidad del proyecto.

Además, pidió que una eventual resolución judicial sea comunicada a la Financial Conduct Authority, la Bolsa de Londres, la Autoridad de Valores de Israel y las bolsas de Tel Aviv y Nueva York. También pretende que las compañías informen quiénes financian, aseguran o participan económicamente en la explotación.

Por qué la causa se presentó en Río Grande

Los demandantes fundamentaron la competencia del Juzgado Federal de Río Grande en el posible impacto ambiental interjurisdiccional, la jurisdicción marítima federal y la dimensión constitucional e internacional de la controversia.

El planteo se apoya además en las leyes 23.775, 26.552 y 24.400, que integran las islas Malvinas y sus espacios marítimos a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Para el CECIM La Plata y los abogados ambientalistas, acudir al tribunal fueguino no constituye solamente una decisión procesal: representa el ejercicio concreto de la jurisdicción argentina sobre el territorio y los recursos naturales en disputa.