IOMA admite tensión financiera, pero rechaza que haya un ajuste general

En medio de una creciente sucesión de reclamos de afiliados, profesionales e instituciones, la conducción de IOMA salió a defender la administración de la obra social bonaerense, negó que exista un ajuste general sobre las prestaciones y reconoció, al mismo tiempo, que el sistema atraviesa fuertes tensiones financieras por el incremento de los costos sanitarios, la judicialización de coberturas y el aumento de la demanda.

El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles, concentró buena parte de su respuesta en la situación de los acompañantes terapéuticos, uno de los sectores que viene denunciando demoras en los pagos y dificultades para sostener las prestaciones. Según el funcionario, no existe una política destinada a reducir de manera generalizada esas coberturas y actualmente trabajan dentro del circuito regular unos 7.000 acompañantes terapéuticos, frente a aproximadamente 4.000 registrados en 2020.

El argumento oficial, sin embargo, no evita reconocer problemas. IOMA admitió atrasos recientes en los pagos y señaló que durante los primeros meses del año transcurrieron en promedio 48 días entre la presentación de una factura y su libramiento, plazo que llegó a 57 días para determinadas prestaciones realizadas en mayo. El objetivo anunciado ahora es reducir ese período a alrededor de 30 días. Prestadores consultados por distintos medios sostienen, en cambio, que existen demoras superiores e incluso deudas acumuladas desde 2025.

La discusión por los amparos

Uno de los ejes más controvertidos de la explicación de Giles estuvo puesto en las prestaciones obtenidas mediante decisiones judiciales. Según los datos difundidos por el Instituto correspondientes a abril, 5.793 acompañantes terapéuticos brindaron servicios regulares a alrededor de 7.800 afiliados, mientras que otros 387 profesionales relacionados con amparos judiciales concentraron una facturación de $1.116 millones para atender a 409 personas.

IOMA sostiene que el costo promedio mensual por afiliado en el circuito ordinario ronda los $550.000, mientras que en determinadas coberturas judicializadas supera los $2,7 millones. Bajo ese cálculo, alrededor del 5% de los afiliados alcanzados por esta prestación mediante amparos consumiría más del 20% del presupuesto destinado al acompañamiento terapéutico.

Desde el organismo también cuestionan los denominados “amparos exprés”, casos en los que una orden judicial determina una cobertura antes de que exista, según la versión oficial, un trámite administrativo previo ante IOMA. La conducción afirma que este mecanismo impide realizar auditorías técnicas antes de autorizar la prestación.

El planteo abre, sin embargo, otra discusión. Familias y prestadores sostienen que en muchos casos recurren a los tribunales justamente después de enfrentar demoras administrativas, negativas o autorizaciones inferiores a las indicadas por los profesionales tratantes.

Una presión de más de $24.500 millones por mes

Más allá de la controversia por los amparos, la conducción de IOMA reconoció un cuadro financiero complejo y calculó una presión extraordinaria de $24.551 millones mensuales.

Según la explicación oficial, unos $10.537 millones corresponderían al desequilibrio generado por aproximadamente 355.000 afiliados municipales cuyos aportes, en muchos distritos, resultan insuficientes en relación con el costo de las prestaciones. Otros $11.393 millones estarían asociados al crecimiento de la demanda y al traslado de consumos desde otras coberturas, mientras que $2.621 millones adicionales se explicarían por el aumento del precio de medicamentos, prótesis, insumos y tecnología médica.

Durante el primer trimestre de 2026, IOMA registró además un crecimiento del 10% en la utilización de servicios médicos y medicamentos. Dentro de una muestra de nuevos usuarios de determinadas prestaciones, el Instituto aseguró que el 70% había dejado de utilizar esas coberturas a través de PAMI, otro 22% provenía de prepagas y el 8% restante de otras obras sociales. La Provincia vincula este fenómeno con el encarecimiento de las cuotas privadas y la reducción de coberturas dentro del sistema sanitario nacional.

La crisis llegó a la Legislatura

Las explicaciones de Giles se producen mientras la situación de IOMA permanece instalada en la agenda legislativa bonaerense. Bloques opositores impulsaron pedidos de informes, proyectos de emergencia y mecanismos destinados a transparentar los ingresos, egresos y deudas de la obra social.

En junio, la oposición logró convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados, aunque no reunió los votos necesarios para habilitar sin despacho de comisión iniciativas que incluían la interpelación al titular de IOMA.

La respuesta oficial intenta así separar dos cuestiones: niega que exista una decisión política de recortar prestaciones de manera generalizada, pero admite que el Instituto enfrenta un aumento extraordinario de gastos y problemas administrativos que repercuten directamente sobre prestadores y afiliados. En ese punto, más allá de la disputa por las responsabilidades, permanece el problema que alimentó la crisis: quienes dependen de la obra social reclaman previsibilidad en los pagos, continuidad en los tratamientos y respuestas que lleguen antes de que la Justicia termine convertida en la puerta de entrada al sistema.