La Justicia pide explicaciones sobre los fondos de las rutas nacionales

La situación de las rutas nacionales volvió a quedar bajo la lupa judicial y el conflicto tiene una derivación especialmente sensible para la provincia de Buenos Aires, donde el deterioro de corredores estratégicos y la paralización de obras acumulan reclamos de municipios, vecinos y dirigentes políticos. Mientras la Justicia federal investiga a nivel nacional qué ocurrió con más de un billón de pesos provenientes del sistema que financia la infraestructura vial, en La Plata avanza en paralelo un amparo colectivo que busca obligar al Estado nacional a reactivar trabajos de mantenimiento y recuperación dentro del territorio bonaerense.

El juez federal Ariel Lijo requirió información al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad para reconstruir el destino de los recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado, conocido como SISVIAL. La medida forma parte de una causa iniciada a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobierno de La Rioja, que sostienen que fondos recaudados específicamente para obras y mantenimiento vial habrían sido colocados en instrumentos financieros en lugar de utilizarse en las rutas.

Más de $1 billón bajo la lupa

De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, al 31 de mayo de 2026 habría $1.001.017 millones provenientes del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras del Tesoro. El planteo señala, además, que durante los primeros dos años y medio de la administración de Javier Milei ingresaron aproximadamente $1,5 billones al sistema, pero sólo unos $394.406 millones habrían sido aplicados efectivamente a obras y mantenimiento, lo que representaría una subejecución cercana al 74%. Se trata, por ahora, de cifras y acusaciones que forman parte de la investigación judicial y que deberán ser contrastadas con la documentación oficial solicitada por el magistrado.

La importancia del SISVIAL radica justamente en que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles tienen una afectación específica vinculada con el desarrollo, reparación y conservación de la infraestructura vial. Por eso, el punto central del expediente no es solamente cuánto dinero ingresó, sino qué destino efectivo tuvo y si esos recursos fueron utilizados conforme al objetivo establecido para el fondo.

Lijo también solicitó información a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para determinar si desde 2024 se realizaron auditorías, observaciones o actuaciones sobre el fideicomiso y las cuentas vinculadas al sistema vial.

Buenos Aires, con un expediente propio por las rutas

El reclamo tiene una segunda vía judicial que toca directamente a la provincia de Buenos Aires. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak habilitó durante agosto el trámite de un amparo colectivo promovido por Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación, con el objetivo de que se adopten medidas para recuperar y mantener la red vial nacional dentro del territorio bonaerense.

El planteo no se limita jurídicamente a una ruta determinada, sino que alcanza al conjunto de los usuarios actuales y potenciales de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia. Buenos Aires es recorrida por corredores nacionales fundamentales para el transporte de pasajeros, la producción y la logística, entre ellos las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 33, 188 y 226.

Sin embargo, buena parte de la discusión política y territorial quedó concentrada en las rutas nacionales 3 y 5, donde la paralización de obras y el deterioro de distintos sectores generaron reclamos persistentes. En los últimos días, Tolosa Paz recorrió San Miguel del Monte, Las Flores y Azul junto con intendentes, dirigentes y vecinos autoconvocados que vienen reclamando intervenciones sobre la Ruta 3.

La Ruta 3 constituye uno de los principales corredores que conectan el centro y el sur bonaerense con el área metropolitana, mientras que la Ruta 5 atraviesa el oeste provincial y cumple un rol clave para numerosas ciudades vinculadas con la producción agropecuaria y el transporte.

Dos causas y una misma discusión

Aunque los expedientes tienen objetivos diferentes, ambos convergen sobre una pregunta central: qué ocurrió con recursos que estaban destinados a infraestructura vial mientras numerosas rutas nacionales acumularon deterioro y obras paralizadas.

La causa que tramita ante Lijo busca determinar si existieron responsabilidades penales en la administración del dinero del SISVIAL. El expediente bonaerense, en cambio, apunta a obtener una respuesta concreta frente al estado de las rutas y busca que el Gobierno nacional reactive tareas de conservación y obras dentro de la Provincia.

La investigación recién comienza y todavía no existe una resolución judicial que determine que los fondos hayan sido desviados ilegalmente. Sin embargo, el pedido de informes abre una instancia en la que el Gobierno deberá documentar cuánto ingresó, cómo fueron administrados los recursos y qué parte terminó efectivamente convertida en obras sobre una red vial que, particularmente en Buenos Aires, lleva meses en el centro de los reclamos.