Mar del Plata atraviesa un escenario de creciente preocupación por la inseguridad, con reclamos vecinales en numerosos barrios y fuertes cuestionamientos a la capacidad de respuesta de las autoridades municipales y provinciales. A la sucesión de robos, entraderas y asaltos violentos se suma una interna política que, según fuentes locales citadas por medios de la ciudad, estaría afectando el funcionamiento del gobierno de General Pueyrredón.
Los reclamos se intensificaron después de una serie de episodios delictivos registrados en zonas residenciales y comerciales. Vecinos de más de cuarenta barrios llevaron su preocupación al Concejo Deliberante y exigieron mayor presencia policial, patrullajes preventivos y una estrategia coordinada entre el municipio, la Provincia y las fuerzas federales.
El deterioro de la situación aparece reflejado en registros de medios locales y mediciones del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito. Sin embargo, las autoridades todavía deben brindar información pública completa y actualizada que permita establecer con precisión la evolución de cada modalidad delictiva.
Patrulleros insuficientes para una ciudad extensa
Después de los últimos hechos violentos, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso refuerzos que habrían permitido alcanzar alrededor de cincuenta móviles operativos. Fuentes citadas por Buenos Aires Noticia sostienen que la extensión territorial y la densidad poblacional de Mar del Plata exigirían un piso cercano a los 120 patrulleros para cubrir adecuadamente las cuadrículas.
También se encuentra bajo análisis un recambio en la conducción policial del distrito, que incluiría la salida del jefe de la Policía Departamental, Dante Pérez Bianchi. La medida, según la publicación, todavía debía formalizarse.
En paralelo, el municipio sostiene parte de la logística de los 130 efectivos de la Prefectura Naval destinados a la ciudad, mientras gestiona el envío de nuevos agentes federales para tareas de prevención.
La pelea que atraviesa al gabinete
El escenario de inseguridad coincide con una dura disputa dentro del oficialismo municipal. Las versiones recogidas por el medio señalan una ruptura entre el intendente interino Agustín Neme y el exjefe comunal y actual senador bonaerense Guillermo Montenegro.
De acuerdo con esas fuentes, buena parte de los funcionarios y concejales del PRO continuaría respondiendo políticamente a Montenegro, una situación que debilitaría la conducción de Neme y demoraría decisiones dentro del Ejecutivo. Se trata de una descripción atribuida a fuentes políticas y no de una posición admitida públicamente por los dirigentes involucrados.
En ese contexto, sectores locales de La Libertad Avanza alineados con Sebastián Pareja y el senador Alejandro Carrancio habrían abierto canales de colaboración legislativa con Neme, aunque con bajo perfil para evitar asumir el costo de una gestión desgastada.
Los vecinos, atrapados en una disputa de poder
Mientras el oficialismo resuelve sus diferencias, los barrios exigen medidas urgentes. La gravedad del cuadro obliga a superar el reparto de responsabilidades entre Nación, Provincia y municipio, transparentar las estadísticas, fortalecer el patrullaje y recuperar la conducción política del sistema de seguridad local.
La interna no explica por sí sola el crecimiento del delito, pero puede convertirse en un obstáculo decisivo si paraliza al municipio en el momento en que más se necesita coordinación. Para los vecinos, la discusión sobre quién controla el gabinete resulta secundaria frente a una pregunta mucho más inmediata: quién se hace cargo de devolver seguridad a las calles.