Lucas Ghi decidió vender una Policía Municipal antes de contar con una Policía Municipal. El intendente de Morón esquivó el debate en el Concejo Deliberante y firmó el Decreto 1519/2026 para crear una estructura presentada públicamente como una nueva fuerza de seguridad, aunque la propia norma aclara que se trata de una organización civil y administrativa, sin estado policial, autarquía ni personalidad jurídica propia.
La maniobra encendió la interna del peronismo local. El bloque de Fuerza Patria, alineado con Nuevo Encuentro y Martín Sabbatella, desmintió al secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien había responsabilizado al Concejo por la demora en la aprobación del proyecto. Los concejales recordaron que el expediente volvió a comisión por acuerdo de todos los bloques, incluido el PJ-Movimiento Derecho al Futuro, que responde al propio Ghi.
El dato desarma la excusa del Ejecutivo: no hubo un rechazo opositor que obligara al intendente a actuar de urgencia, sino una decisión consensuada para revisar un proyecto que contenía, según Fuerza Patria, “ilegalidades e irregularidades”. Pese a eso, Ghi optó por apurar la firma, vaciar de contenido el debate legislativo y poner en marcha una estructura cuyo marco integral todavía no fue aprobado.
La norma creó el Programa Municipal Integral de Prevención, Proximidad, Protección Comunitaria y Convivencia Ciudadana, cuyo cuerpo operativo será denominado “Policía Municipal de Morón”. El nombre tiene una potencia propagandística que sus atribuciones reales no acompañan: sus integrantes podrán patrullar, asistir a víctimas e intervenir ante delitos en flagrancia hasta la llegada de una autoridad competente, pero no podrán investigar, allanar domicilios ni trasladar detenidos.
Un presupuesto millonario sin ordenanza
El Presupuesto municipal contempla aproximadamente $1.700 millones para el programa, aun cuando la ordenanza que debía determinar sus facultades, límites, régimen de personal y mecanismos de control continúa sin sancionarse. Es decir, Ghi ya comprometió recursos, reclutó personal y presentó la primera camada antes de resolver las preguntas básicas sobre el funcionamiento de la estructura.
Los primeros 150 aspirantes fueron exhibidos en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, en un acto encabezado por el intendente y acompañado por el ministro bonaerense Javier Alonso. Los agentes comenzarían a realizar tareas preventivas en diciembre y contarían con chalecos antibalas, equipos de comunicación y armas de baja letalidad.
Fuerza Patria también reclamó explicaciones sobre la incorporación de “cientos de nuevos empleados”, la modalidad contractual y el proceso utilizado para seleccionarlos. Desde el Municipio respondieron que se trata de retirados de fuerzas de seguridad y que sus antecedentes fueron revisados, pero las dudas sobre los controles institucionales y el régimen disciplinario siguen abiertas.
Mucho uniforme, pocas facultades
La contradicción central quedó escrita en el propio decreto: la estructura será mostrada en las calles como una Policía Municipal, pero jurídicamente no lo es. Carece de las facultades esenciales de una fuerza policial y dependerá de la articulación con la Bonaerense cada vez que una intervención exceda la prevención o la asistencia inicial.
Ghi convirtió así una política sensible como la seguridad en una puesta en escena atravesada por la interna. En lugar de buscar una ordenanza sólida, debatida y respaldada por el Concejo, eligió gobernar por decreto, colocarle la palabra “Policía” a un programa administrativo y avanzar con un presupuesto millonario mientras sus facultades siguen bajo discusión.
El intendente consiguió la foto, los uniformes y el anuncio. Lo que todavía no consiguió es demostrar que detrás del nombre rimbombante exista una fuerza con competencias claras, controles democráticos y respaldo legal suficiente.