CABA avanza con su propio fuero laboral tras un acuerdo entre el PRO y LLA

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el convenio para transferir las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño y dejó al gobierno de Jorge Macri más cerca de poner en funcionamiento un fuero laboral propio. La iniciativa fue aprobada con 36 votos afirmativos, dos negativos y la abstención mayoritaria del peronismo, gracias a un acuerdo parlamentario entre el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y sectores del larretismo.

El acta había sido firmada a comienzos de año por el entonces jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y posteriormente recibió el aval del Congreso. Su ratificación en la Legislatura constituye uno de los últimos pasos políticos para concretar una transferencia reclamada por la Ciudad como parte de su autonomía, aunque todavía quedan pendientes la discusión por los fondos, el nombramiento de magistrados y la resolución de medidas judiciales que cuestionan el proceso.

“Es un paso más para el orden laboral en CABA”, celebró Tapia luego de la votación. El funcionario sostuvo que la nueva estructura buscará evitar que los conflictos se vuelvan “interminables para los trabajadores” o representen “la ruina para el empresariado”.

Un respaldo atravesado por la reforma laboral

La conformación del fuero laboral porteño reunió argumentos diferentes entre sus impulsores. Desde el PRO sostuvieron que permitirá cumplir con las facultades jurisdiccionales reconocidas a la Ciudad por la Constitución y avanzar en línea con el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que equiparó a CABA con las provincias en materia judicial. También aseguraron que la nueva estructura permitirá acelerar las sentencias y reducir lo que denominan la “industria del juicio”.

La Libertad Avanza, en tanto, respaldó el traspaso en medio de la implementación de las modificaciones laborales promovidas por el Gobierno nacional mediante el DNU 70, la Ley Bases y la Ley de Modernización Laboral. Dentro del espacio libertario consideran que la medida permitirá cerrar un fuero nacional al que señalan como cercano al kirchnerismo.

La presidenta del bloque Vamos por Más, Silvia Lospennato, defendió la iniciativa como una herramienta para consolidar la autonomía porteña. “Estamos a las puertas de crear una Justicia Laboral propia, de cero, y es un desafío grande y tenemos que hacerlo bien”, afirmó.

La radical Aldana Crucitta consideró que se abre la posibilidad de contar con una Justicia “más moderna y más ágil”, mientras que Graciela Ocaña planteó que el nuevo diseño deberá evitar los problemas de la estructura nacional y ofrecer respuestas en plazos razonables tanto a trabajadores como a empleadores.

El peronismo acompañó la reivindicación autonómica, pero se abstuvo ante la falta de precisiones sobre el financiamiento y el alcance político del nuevo fuero. La legisladora Claudia Neira advirtió que el traspaso se produce en el contexto de la reforma laboral nacional y reclamó discutir “para qué queremos una Justicia laboral y al servicio de qué intereses estará”.

Desde la izquierda, Vanina Biasi rechazó el convenio y pidió garantías para los trabajadores judiciales, particularmente en cuanto al reconocimiento de sus derechos laborales y antigüedades.

Diez juzgados y una implementación progresiva

El diseño inicial, aprobado mediante la Ley 6789 en diciembre de 2024, contempla la creación de diez juzgados de primera instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La nueva Justicia tendrá competencia sobre los conflictos laborales individuales entre empresas y empleados originados dentro de la Ciudad.

La implementación será progresiva y CABA dispondrá de 180 días para avanzar con los cambios, entre ellos la designación de los magistrados. Sin embargo, el convenio no entrará en vigencia hasta que los gobiernos nacional y porteño acuerden la transferencia de los recursos necesarios para sostener el nuevo sistema.

Las causas iniciadas antes de la puesta en funcionamiento continuarán tramitándose ante la Justicia Nacional del Trabajo hasta obtener una sentencia definitiva. Las demandas presentadas posteriormente quedarán radicadas de manera exclusiva en el fuero porteño.

El acuerdo no contempla el traslado de los jueces ni de los tribunales nacionales. Según el esquema previsto, la Justicia Nacional del Trabajo será disuelta y los conflictos colectivos y sindicales pasarán al fuero Contencioso Administrativo.

La estructura proyectada todavía es considerablemente menor que la nacional, integrada actualmente por 80 juzgados y diez salas de apelaciones. Frente a esa diferencia, el oficialismo analiza ampliar el diseño: el objetivo inmediato sería comenzar con 20 juzgados, aunque dentro del Ejecutivo consideran que el número ideal debería llegar a 60.

Febrero como objetivo, pero con obstáculos pendientes

El Gobierno porteño apunta a poner en funcionamiento el nuevo fuero durante febrero de 2027 o, como máximo, antes de que termine el primer trimestre. El Consejo de la Magistratura ya remitió los primeros pliegos de magistrados a la Legislatura, donde serán evaluados por la Junta de Ética y Acuerdos.

No obstante, la fecha dependerá de varios factores. La Justicia federal debe resolver una medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que solicitó suspender preventivamente el traspaso hasta que se alcancen todos los acuerdos necesarios. También se encuentra vigente otra cautelar promovida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

A esas controversias se suma la negociación económica. El acta establece que las competencias deberán transferirse junto con los recursos correspondientes, pero todavía no existe un acuerdo definitivo. Desde el PRO anticiparon que reclamarán a la Nación los fondos necesarios, aunque no descartan comenzar a financiar la estructura con recursos propios.

Acuerdo por el Banco Ciudad

La sintonía entre el PRO y La Libertad Avanza también quedó reflejada en la aprobación de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. La modificación establece que al menos el 25% del remanente de las utilidades deberá destinarse a créditos hipotecarios y obras de infraestructura.

La normativa anterior disponía que ese excedente fuera transferido al Gobierno porteño para financiar obras nuevas con fines sociales y soluciones habitacionales. La eliminación de esa obligación fue cuestionada por el peronismo, Confianza y Desarrollo y la izquierda, que votaron en contra.

El larretista Emmanuel Ferrario también planteó reparos y señaló que el nuevo esquema favorecerá principalmente a quienes ya reúnen las condiciones para obtener un crédito, sin resolver las dificultades de quienes buscan acceder por primera vez a una vivienda o no cuentan con ahorro previo.

Cambios para jubilados, partos y veteranos

Durante la sesión también fue aprobada una modificación al régimen de gratuidad del subte para jubilados, pensionados y personal retirado de las Fuerzas Armadas y de seguridad. La nueva norma permitirá realizar el trámite en las sedes comunales presentando solamente el DNI y el recibo de haberes, sin necesidad de adjuntar constancias de ARCA ni la certificación negativa de ANSES.

Por unanimidad, la Legislatura incorporó además el acceso a la analgesia y la anestesia peridural dentro de la Ley de Parto Respetado. La iniciativa busca garantizar que las personas gestantes atendidas en hospitales públicos porteños puedan solicitar métodos para aliviar el dolor durante el trabajo de parto.

Finalmente, se extendió el subsidio destinado a los agentes del Gobierno de la Ciudad que son veteranos de Malvinas para que continúen percibiéndolo después de jubilarse. La medida apunta a sostener el reconocimiento económico durante toda la vida de los excombatientes, especialmente ante la disminución de ingresos que suele producirse al ingresar al sistema previsional.