El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó tres nuevas renuncias dentro del Poder Judicial, una situación que amplía la cantidad de cargos sin cubrir y vuelve a poner bajo discusión las demoras para completar la estructura de juzgados, fiscalías y defensorías. El escenario también reactiva los reclamos por las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte bonaerense.
Mediante los decretos 1095/2026, 1096/2026 y 1097/2026, el gobernador Axel Kicillof aceptó las dimisiones de Fabián Fernando Brahim, juez del Tribunal en lo Criminal N°4 de Mercedes; Alicia Aida Cerminaro, defensora oficial ante los fueros Civil, Comercial y de Familia de San Isidro; y Martín Esteban Klobovs, juez del Tribunal en lo Criminal N°3 de San Martín.
Las disposiciones fueron refrendadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Brahim y Cerminaro presentaron sus renuncias con fines jubilatorios y dejaron sus cargos a partir del 1° de agosto. En tanto, Klobovs se alejó por motivos particulares desde el 1° de julio. Según consta en los decretos, ninguno tenía actuaciones disciplinarias en trámite ante los organismos correspondientes.
Cinco salidas en pocas semanas
Las nuevas bajas se suman a otras dos renuncias que se harán efectivas desde el próximo 1° de septiembre. Nicolás Grappasonno dejará el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Matanza y Nicolás Ramón Ceballos abandonará el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro.
Ambos magistrados fueron propuestos por el presidente Javier Milei para ocupar cargos en tribunales nacionales.
Aunque las cinco vacantes pertenecen a organismos diferentes y no deben confundirse con los lugares pendientes en la Suprema Corte, todas exponen las dificultades y los tiempos que demanda el procedimiento para cubrir cada puesto.
El Consejo de la Magistratura debe seleccionar a los postulantes y conformar las ternas. Posteriormente, el Poder Ejecutivo provincial tiene que elegir a los candidatos y enviar los pliegos al Senado bonaerense para que obtengan el acuerdo legislativo correspondiente.
El presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Rafael Gentili, advirtió recientemente que existen concursos pendientes, ternas ya conformadas y organismos que todavía necesitan ser creados. La demora tiene consecuencias directas en distintos departamentos judiciales, donde las subrogaciones incrementan la carga de trabajo y generan nuevos cuellos de botella.
Uno de los casos mencionados es el de Bahía Blanca, donde la falta de fiscales obliga a cubrir funciones de manera provisoria, con el consecuente impacto sobre el funcionamiento cotidiano del sistema.
Una Suprema Corte con mayoría de lugares vacantes
El problema adquiere una dimensión institucional mayor en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El máximo tribunal funciona actualmente con Sergio Torres, presidente del cuerpo; Daniel Soria, vicepresidente; e Hilda Kogan.
De los siete integrantes previstos, cuatro lugares permanecen sin cubrir. Las vacantes se produjeron tras la muerte de Héctor Negri, en 2020; las salidas de Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari, en 2021; y el retiro de Luis Genoud, ocurrido en 2024.
Torres reclamó públicamente que se complete la integración y recordó, durante la apertura del año judicial, que solamente tres ministros están ocupando los siete cargos establecidos.
Desde COLPROBA calificaron el escenario como de “gravedad institucional” y alertaron que el funcionamiento reducido puede afectar el servicio de justicia, la seguridad jurídica y la construcción de doctrina legal.
Una negociación política que no avanza
A diferencia de los cargos ordinarios, la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte no depende de los concursos del Consejo de la Magistratura. Los candidatos deben ser propuestos directamente por el gobernador y recibir posteriormente el acuerdo del Senado.
Allí aparece el principal obstáculo. En el entorno de Kicillof afirman que actualmente “no están dadas las condiciones” para avanzar con una negociación que deberá atravesar un Senado fragmentado y las diferencias internas del peronismo.
El mandatario provincial también rechazó que la composición de la Corte forme parte de un paquete de negociación junto con asuntos electorales, como las reelecciones, las PASO o el desdoblamiento de los comicios.
La Unión Cívica Radical reclamó el cumplimiento de un supuesto entendimiento alcanzado durante la discusión del Presupuesto para que los cuatro pliegos fueran enviados antes de mitad de año. Desde el Ejecutivo admitieron que existió la intención de avanzar, pero negaron un compromiso que reservara uno de los lugares para el radicalismo.
Bianco sostuvo que la elección de los candidatos es una atribución del gobernador y que debe resolverse de acuerdo con criterios de “oportunidad, mérito y conveniencia”.
Nombres en danza, pero ningún candidato oficial
En los últimos meses circularon diferentes nombres vinculados con una posible negociación. Entre ellos aparecieron la jurista Marisa Herrera y el ministro Juan Martín Mena, relacionados con el kirchnerismo; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, por el Frente Renovador; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, cercano al kicillofismo.
También fueron mencionados María Fernández Vázquez, Sergio Pilarche y Marina Sánchez Herrero desde distintos sectores opositores. Sin embargo, ninguno fue oficializado como candidato por el Gobierno provincial.
Mientras el Consejo de la Magistratura retomó entrevistas, concursos y tratamiento de ternas para cubrir juzgados, fiscalías y defensorías, la conformación de la Suprema Corte continúa transitando por un carril exclusivamente político.
Gentili reclamó que las futuras designaciones sean producto de consensos, contemplen antecedentes profesionales sólidos e incorporen criterios de género y representación territorial. También resumió las consecuencias que puede provocar la acumulación de demoras: “La justicia finalmente llega, pero a veces llega demasiado tarde, entonces ya deja de ser justicia”.