La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspender durante 180 días los juicios de ejecución fiscal y los embargos contra pequeñas y medianas empresas.
El planteo fue formalizado en medio de un escenario crítico para la producción nacional, marcado por la caída de las ventas, las elevadas tasas de interés, la restricción del crédito y las crecientes dificultades para sostener el capital de trabajo.
La entidad fabril advirtió que la industria acumula una contracción del 2% durante 2026 y que los niveles de producción se encuentran un 10% por debajo de los registrados en 2022 y 2023.
El reclamo cobró mayor repercusión después de que se viralizara el caso de una metalúrgica del conurbano bonaerense que, debido al atraso de uno de sus principales clientes, no pudo pagar en término la totalidad del IVA y quedó al borde del bloqueo de sus cuentas bancarias.
Un pedido urgente a ARCA
La propuesta fue analizada durante la reunión mensual de la Junta Directiva de la UIA, realizada el martes 25 de agosto. Previamente, el Departamento de Política Tributaria de la entidad había mantenido un encuentro con autoridades de ARCA.
Los industriales valoraron la reapertura del régimen de facilidades de pago establecido mediante la Resolución General 5875/2026, que permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio y deudas aduaneras. Sin embargo, consideraron que la medida resulta insuficiente frente a la gravedad de la situación.
Además de suspender durante seis meses los embargos y ejecuciones fiscales, la UIA pidió habilitar la migración entre planes de pago y reducir la tasa de financiación aplicada a las pymes, que no descendió al mismo ritmo que la inflación.
También propuso automatizar y disminuir los anticipos del Impuesto a las Ganancias, diferir durante 180 días los vencimientos del IVA para las actividades estacionales, postergar las contribuciones patronales de las economías regionales y flexibilizar el uso de los reintegros correspondientes a las exportaciones.
Según informó la entidad, ARCA se comprometió a evaluar las alternativas y ambas partes acordaron volver a reunirse dentro de 45 días.
Una metalúrgica, al borde del embargo en una semana
El caso difundido por el analista económico Damián Di Pace expuso las consecuencias que puede generar una ejecución fiscal sobre una empresa productiva.
Se trata de una metalúrgica con 18 empleados, toda su facturación registrada y los salarios al día. La dificultad comenzó cuando uno de sus principales clientes demoró 45 días el pago de una factura importante.
La ruptura de la cadena de pagos impidió que la empresa reuniera la totalidad del dinero necesario para cancelar el IVA, cuyo vencimiento operó el 15 de agosto. Apenas siete días después, ya tenía emitida la boleta de deuda y enfrentaba un juicio de ejecución fiscal.
El martes 25 recibió una intimación para pagar dentro de los cinco días hábiles siguientes, mientras el representante legal de ARCA avanzaba con un pedido de embargo preventivo.
La posibilidad de que se inmovilizaran las cuentas puso en riesgo el pago de salarios y proveedores, además de la continuidad de la producción. El episodio se convirtió así en un caso testigo de la fragilidad que atraviesan numerosas pequeñas y medianas empresas.
“Sin cuentas no pagan sueldos ni proveedores. Sin proveedores paran la producción. Sin producción despiden gente”, advirtió Di Pace al relatar la situación.
Una industria que no consigue recuperarse
El pedido de la UIA se produce mientras la actividad manufacturera continúa estancada. De acuerdo con el Informe de Actualidad Industrial elaborado por el Centro de Estudios de la entidad, el sector no logra consolidar una recuperación desde mediados de 2025.
Si bien los datos preliminares de julio mostraron un incremento interanual del 1,4%, la organización explicó que esa variación responde a una base de comparación muy baja. Frente a junio, la producción industrial volvió a caer un 0,6% en términos desestacionalizados.
Los mayores retrocesos se registraron en los bienes durables y semidurables, con una baja del 21,2% vinculada a la menor demanda de vehículos y electrodomésticos. La actividad automotriz cayó un 18%, mientras que la producción de indumentaria y calzado descendió un 14,1%.
En ese contexto, la UIA reclamó que la política recaudatoria contemple la situación de las empresas que mantienen su actividad y sus puestos laborales, pero sufren atrasos provocados por la retracción económica y la ruptura de la cadena de pagos.
El sector industrial advierte que un embargo sobre las cuentas de una pyme no solamente afecta la recaudación futura: también puede paralizar la producción, profundizar el endeudamiento y precipitar el cierre de empresas que generan empleo formal.