El crecimiento del endeudamiento y la imposibilidad de miles de familias de afrontar sus compromisos financieros encendieron las alarmas en la provincia de Buenos Aires. Entre la Cámara de Diputados y el Senado ya se presentaron al menos diez proyectos destinados a contener una crisis que golpea especialmente a los hogares de menores ingresos y a los jóvenes.
Las propuestas atraviesan a distintos bloques políticos y contemplan medidas como la regulación de las cobranzas extrajudiciales, la refinanciación de deudas con el Banco Provincia, restricciones a los préstamos ofrecidos mediante aplicaciones y billeteras virtuales, límites a los descuentos salariales y mecanismos para evitar el remate de la vivienda única.
La avanzada parlamentaria se produce en medio de una discusión política entre Nación y Provincia. Mientras el presidente Javier Milei sostiene que las deudas constituyen “un problema entre privados”, el gobernador Axel Kicillof atribuye el aumento de la morosidad a la combinación de tasas altas, caída salarial, desempleo y desregulación financiera.
Millones de bonaerenses con dificultades para pagar
Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert a partir de información del Banco Central, en mayo había 1,84 millones de bonaerenses en mora, con compromisos impagos por $6,49 billones.
La tasa promedio provincial alcanzaba el 20,17%, pero el impacto era considerablemente mayor entre los jóvenes: en el segmento de hasta 25 años, el indicador trepaba al 46,17%.
Otra estimación citada en un proyecto presentado en el Senado eleva la cantidad de bonaerenses con deudas en mora a 2,18 millones. De acuerdo con ese cálculo, el 28,5% de las personas endeudadas registra al menos una obligación irregular y casi $18 de cada $100 adeudados se encuentran impagos.
Protección frente a embargos y cobranzas abusivas
La diputada de Unión por la Patria Ana Luz Balor presentó dos iniciativas complementarias. Una propone incorporar la figura del “consumidor sobreendeudado” a la legislación provincial, establecer una mediación administrativa obligatoria y suspender durante 90 días los embargos y las ejecuciones judiciales de quienes acrediten esa situación.
La propuesta también incorpora educación financiera obligatoria en las escuelas secundarias.
“Las familias no se están endeudando para comprar televisores ni para irse de viaje, sino para subsistir, pagar servicios y comprar alimentos”, sostuvo Balor.
Su segundo proyecto busca sancionar el hostigamiento telefónico, las amenazas y la exposición pública ejercida por empresas y estudios de cobranza.
La diputada radical Silvina Vaccarezza presentó una propuesta similar para reconocer al consumidor sobreendeudado como sujeto “hipervulnerable” y prohibir prácticas como contactar a familiares, compañeros de trabajo o allegados para reclamar una deuda.
Créditos digitales bajo la lupa
La legisladora Noelia Saavedra impulsa la creación de un Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas.
La iniciativa incluye un capítulo dirigido a los créditos otorgados mediante aplicaciones. Entre otras medidas, plantea impedir que las plataformas condicionen el préstamo al acceso a los contactos, la galería de fotografías, la ubicación permanente o el micrófono del teléfono del usuario.
Juan Martín Malpeli, por su parte, propone regular la publicidad y promoción del crédito de consumo. Su proyecto prohíbe presentar un préstamo como si fuera dinero propio del usuario, publicitar como gratuita una operación que genera intereses o cargos y debitar fondos para cancelar una deuda sin autorización expresa.
La iniciativa alcanza a bancos, financieras, billeteras virtuales y plataformas digitales.
En tanto, Ariel Archanco presentó una reforma integral de los derechos de los usuarios de servicios financieros. El texto contempla préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos prendarios e hipotecarios y financiaciones concedidas por bancos, mutuales, cooperativas y aplicaciones.
El proyecto habilita a solicitar una adecuación de las condiciones cuando cambios extraordinarios en las variables económicas alteren el equilibrio original del contrato. También propone una instancia administrativa gratuita de renegociación y obliga a las entidades a demostrar que las tasas cuestionadas no son abusivas.
Una barrera contra el remate de la vivienda única
La comisión de Reforma Política y del Estado de Diputados dio dictamen favorable a una iniciativa de Margarita Recalde destinada a proteger la vivienda única frente a las ejecuciones hipotecarias.
El proyecto crea una instancia de mediación mediante la cual una persona que enfrente un juicio hipotecario sobre su único inmueble podrá acreditar esa condición y acceder a un plan de pagos alternativo para impedir el remate.
“La persona a la que se le inicia el juicio muchas veces no se entera hasta que está prácticamente desalojada, porque no recibió ningún tipo de notificación”, advirtió Recalde al fundamentar la propuesta.
Refinanciación y asesoramiento gratuito
En el Senado, Sergio Berni propuso limitar el endeudamiento de los empleados públicos bonaerenses mediante topes a los descuentos realizados sobre los salarios. El sistema emitiría una alerta al alcanzar una afectación del 20% y bloquearía nuevos descuentos cuando se llegue al límite permitido.
Marcelo Leguizamón presentó un régimen extraordinario para refinanciar deudas con el Banco Provincia. La iniciativa contempla planes de hasta 60 meses y el congelamiento de embargos para familias cuyos ingresos netos no superen los diez salarios mínimos.
Marcelo Feliú, en tanto, impulsa la creación del Equipo Legal Especializado en Sobreendeudamiento, integrado por abogados que brindarían asesoramiento gratuito y podrían convocar a las entidades financieras. También plantea establecer un sistema provincial de información para identificar qué sectores, géneros y regiones resultan más afectados.
A estas propuestas se suma una declaración del senador Fernando Coronel, quien expresó su “profunda preocupación” por la morosidad de las familias bonaerenses, y otra iniciativa presentada por la diputada Sofía Vannelli.
La Provincia cuestionó la postura de Milei
Kicillof aseguró que el 60% de la población adulta del país se encuentra endeudada, lo que representa alrededor de 21 millones de personas. De ese total, aproximadamente seis millones estarían en situación de mora.
“La morosidad se multiplicó por cinco. No es la gente, es Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos”, afirmó el mandatario provincial.
Según los datos expuestos por el gobernador, la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,8% durante la gestión libertaria. En las billeteras virtuales se cuadruplicó, mientras que entre quienes recurrieron a financieras no bancarias aumentó del 17,5% al 43%.
El Ministerio de Producción bonaerense también abrió expedientes contra empresas de crédito digital por las condiciones de los préstamos, las tasas aplicadas y las prácticas de cobranza. El titular de la cartera, Augusto Costa, señaló que fueron detectadas operaciones con tasas superiores al 1.000%.
Más de 100 mil refinanciaciones en el Banco Provincia
Como parte de la respuesta oficial, el Banco Provincia profundizó el programa “Ponete al Día”, dirigido a clientes que registraban atrasos al 31 de mayo de 2026.
El esquema permite refinanciar compromisos hasta en 72 meses y ofrece tasas diferenciadas según el nivel de mora y la situación socioeconómica del titular. Para los atrasos superiores a 90 días o los casos en los que la cuota comprometería más de la mitad del salario, la tasa se reduce al 31% anual.
Durante 2026, la entidad concretó más de 100.000 refinanciaciones por encima de los $390.000 millones, un crecimiento del 382% frente al mismo período de 2025. El 96% de las operaciones correspondió a personas físicas.
La cantidad de proyectos presentados y las medidas adoptadas por el Ejecutivo muestran que el endeudamiento dejó de ser una dificultad individual para convertirse en un problema social de alcance masivo. El desafío será ahora transformar ese diagnóstico compartido en herramientas concretas antes de que los intereses, los embargos y las cobranzas abusivas terminen de asfixiar a miles de hogares bonaerenses.