Alonso alertó que se duplicaron los ataques por deudas con prestamistas ilegales

El aumento de la morosidad y las crecientes dificultades para acceder al crédito formal comenzaron a mostrar una de sus caras más violentas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó que se duplicaron los delitos relacionados con deudas contraídas con prestamistas ilegales.

“Se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, intentos y tiros en las piernas porque tenían deuda de dinero con delincuentes”, aseguró el funcionario bonaerense durante una entrevista con Futurock.

Según explicó, organizaciones vinculadas al narcomenudeo comenzaron a utilizar el préstamo de dinero como otra vía para someter a familias que, ante la pérdida de poder adquisitivo y la exclusión del sistema financiero, recurren a circuitos informales para cubrir sus necesidades.

Préstamos que terminan en amenazas

Alonso describió situaciones en las que familias tomaron créditos cercanos al millón de pesos y, al no poder devolverlos, quedaron expuestas a intimidaciones, ataques y maniobras destinadas a despojarlas de sus viviendas.

“Hay delincuentes vinculados al narcomenudeo que están prestando plata y buscan sacarles las casas a familias que pidieron un millón de pesos”, advirtió.

El ministro sostuvo que el problema no puede abordarse únicamente mediante intervenciones policiales o judiciales, porque su origen se encuentra en el deterioro de las condiciones económicas. “Esto se corrige desde la política económica”, afirmó.

La advertencia se produce en un contexto de mayor morosidad, pérdida del poder adquisitivo y restricciones para acceder al crédito bancario. Para muchas familias, quedar afuera del sistema formal implica recurrir a prestamistas que imponen intereses elevados y utilizan la violencia como método de cobranza.

La deuda también golpea a la Policía bonaerense

La crisis alcanza incluso a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Alonso indicó que un agente bonaerense recién incorporado percibe algo más de $1.100.000 mensuales y que alrededor de 35.000 policías realizan servicios adicionales en estadios, recitales y otros eventos para complementar sus ingresos.

“El problema no son solamente los salarios bajos, sino el bajo poder adquisitivo que tienen los salarios”, explicó.

De acuerdo con la estimación del ministro, entre el 10% y el 12% de los miembros de la Policía bonaerense registra problemas de morosidad. Una parte de esas dificultades aparece al liquidar los haberes, mediante descuentos derivados de préstamos o embargos.

Para atender esas situaciones, la Provincia habilitó mecanismos de refinanciación mediante la caja previsional policial y el Banco Provincia. Según Alonso, esas herramientas permitieron asistir a 1.200 efectivos con créditos por unos $1.500 millones.

Uno de cada cuatro integrantes de fuerzas nacionales está en mora

El endeudamiento también afecta a las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas. Un relevamiento elaborado a partir de datos del Banco Central y de la nómina del Estado nacional reveló que el 25% de los integrantes de las fuerzas nacionales que tienen créditos presenta atrasos en sus pagos.

Los datos, difundidos por el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo, indican que 43.784 efectivos se encuentran en mora. La proporción supera ampliamente el 10,8% registrado entre el resto de los trabajadores de la administración pública nacional.

El Ejército Argentino presenta la situación más delicada, con una morosidad del 29,3%. Le siguen el Servicio Penitenciario Federal, con el 28,1%; la Policía Federal, con el 23,8%; Gendarmería, con el 23,6%; Prefectura, con el 21,5%; la Fuerza Aérea, con el 21,2%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el 20,6%.

Reclamo por salarios y poder adquisitivo

En medio de este escenario, sectores vinculados con las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas convocaron a una protesta frente al Edificio Centinela, sede central de Gendarmería Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir un “sueldo digno”.

Alonso reconoció la gravedad de la situación y recordó que los policías no pueden sindicalizarse ni realizar medidas de fuerza como huelgas o paros.

“No podemos negar que hay una situación muy difícil, no solo para la Policía sino para todos los trabajadores”, sostuvo.

Aunque defendió la política salarial de la provincia de Buenos Aires y aseguró que los ingresos policiales acompañaron la inflación, el ministro admitió que la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento atraviesan al conjunto del mercado laboral.

La combinación de salarios insuficientes, crédito restringido y morosidad creciente ya no representa solamente un problema financiero. La aparición de prestamistas ligados a redes delictivas muestra cómo la crisis económica puede transformarse también en una amenaza directa contra la seguridad, los bienes y hasta la vida de las familias.