UATRE denuncia 74 despidos en WADE y alerta por “represalias” contra trabajadores

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció el despido de 74 trabajadores de WADE, empresa avícola perteneciente al Grupo GTA, y aseguró que entre las personas desvinculadas hay empleados que participaron de asambleas y medidas gremiales para reclamar el pago de salarios adeudados. La organización sindical también vinculó el conflicto con el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre un posible debilitamiento de las herramientas de protección colectiva.

De acuerdo con el relevamiento realizado por UATRE, los despidos alcanzan a trabajadores de distintos establecimientos: 17 en Loma Verde, 15 en Aurora, 10 en Río Diamante, 12 parrilleros de San Miguel del Monte, siete en Pila, siete en Gorch y seis en Campana.

Las cesantías constituyen un nuevo capítulo de una crisis que, según el gremio, comenzó en 2024 y estuvo marcada por salarios atrasados, pagos fraccionados —en algunos casos hasta en diez cuotas—, aguinaldos pendientes e incumplimientos de los acuerdos asumidos por las compañías del grupo. La demora en el cobro habría obligado a numerosas familias a endeudarse para afrontar sus gastos cotidianos.

“Hace dos años los trabajadores vienen financiando con su propio bolsillo una crisis que no generaron. Les pagaron tarde, les pagaron en cuotas, incumplieron compromisos y ahora, cuando reclaman, los despiden. Esto no es una salida empresarial: es descargar la crisis sobre los trabajadores”, cuestionó la secretaria de Organización de UATRE, Natalia Sánchez Jáuregui.

Denuncian descuentos, despidos e intimidación

Entre las personas despedidas, siempre según la denuncia sindical, se encuentran trabajadores que estaban con licencias por enfermedad o paternidad, además de empleados que participaron de asambleas y acciones gremiales. UATRE sostuvo que algunos de ellos también sufrieron descuentos en sus haberes por intervenir en esos reclamos, pese a que la empresa todavía mantenía salarios pendientes de pago.

“Es inadmisible que un trabajador participe de una asamblea porque no le están pagando el salario y la respuesta sea un descuento o un despido. No se puede utilizar el poder económico de una empresa para disciplinar a quienes reclaman por sus derechos”, afirmó Sánchez Jáuregui.

El sindicato relató además que, durante una de las asambleas, se presentó personal de Recursos Humanos acompañado por un escribano y efectivos policiales. Para la dirigente, el episodio representó un intento de intimidación y de desalentar la organización interna de los trabajadores.

“No hace falta ser delegado para tener derechos. Si un trabajador participa de una asamblea porque no le están pagando y la respuesta de la empresa es despedirlo, estamos frente a una represalia”, señaló. En esa línea, sostuvo que detrás de las desvinculaciones existe un intento de avanzar hacia “un modelo antisindical”, en el que reclamar colectivamente pueda tener como consecuencia la pérdida del empleo.

Desde UATRE también recordaron que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la protección contra el despido arbitrario, garantiza la organización sindical libre y democrática y consagra el derecho de huelga. Por esa razón, el gremio consideró que las circunstancias en las que se produjeron las cesantías deben ser investigadas.

Críticas a la reforma laboral y reclamo de reincorporación

Sánchez Jáuregui enmarcó el conflicto dentro de la discusión por la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional y advirtió que las modificaciones normativas no pueden ser interpretadas por las empresas como una autorización para despedir o perseguir a quienes defienden sus derechos.

“Mientras el Gobierno nacional avanza sobre derechos y herramientas de organización, algunas empresas pueden interpretar que tienen vía libre para disciplinar a quienes reclaman. No quieren trabajadores con derechos: quieren trabajadores con miedo”, sostuvo la dirigente.

UATRE remarcó además que varios de los delegados y empleados ahora despedidos tuvieron un papel central durante los momentos más críticos de la actividad. Según explicó, fueron ellos quienes realizaron gestiones ante empresas proveedoras de energía para evitar cortes que podían paralizar las granjas y poner en riesgo a los animales.

“Cuando hubo que sostener las granjas, los trabajadores estuvieron. Cuando hubo que evitar que se cortara la energía, también estuvieron. Pero cuando reclamaron cobrar sus salarios, la respuesta fue el despido. Esa es la verdadera cara de esta situación”, cuestionó Sánchez Jáuregui.

El sindicato aseguró que ya se agotaron las audiencias, reuniones, gestiones administrativas y contactos políticos destinados a encontrar una salida. Ante la falta de respuestas, reclama la reincorporación de las 74 personas despedidas, el pago de las deudas salariales y el cumplimiento de todos los compromisos asumidos.

“No vamos a aceptar que la reforma laboral se convierta en una carta blanca para despedir, disciplinar o perseguir trabajadores. Los derechos que garantiza la Constitución no pueden quedar subordinados a las necesidades de una empresa ni a un proyecto político que pretende flexibilizar las condiciones de trabajo”, afirmó Sánchez Jáuregui.

Finalmente, UATRE anticipó que profundizará las acciones gremiales para defender los puestos laborales. “No vamos a permitir que la crisis la paguen siempre los mismos. Los trabajadores no son el costo de ajuste de ninguna empresa ni de ningún Gobierno”, concluyó la dirigente.