La provincia de Buenos Aires investigará a billeteras virtuales por posibles créditos abusivos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció nuevas medidas para controlar las condiciones bajo las cuales billeteras virtuales, financieras no bancarias y otras plataformas digitales ofrecen créditos a sus usuarios. La decisión fue comunicada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, en La Plata.

La administración provincial investigará posibles incumplimientos vinculados con la falta de información sobre los préstamos, la aplicación de cláusulas abusivas, la ausencia del botón de arrepentimiento, las elevadas tasas de interés y las prácticas de acoso utilizadas para cobrar las deudas.

Según informó Costa, la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores recibió 2.240 denuncias contra empresas como Mercado Pago, Naranja, Ualá y Cencosud. Los reclamos incluyen llamados insistentes, comunicaciones con familiares o lugares de trabajo y amenazas de embargo por parte de prestadores o estudios de cobranza tercerizados.

Seis millones de personas en situación de mora

Kicillof sostuvo que el endeudamiento de los hogares alcanzó niveles sin precedentes y advirtió que sus consecuencias no pueden considerarse únicamente como un conflicto entre particulares.

De acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario, el 60% de la población adulta argentina mantiene algún tipo de deuda, lo que representa aproximadamente 21 millones de personas. Dentro de ese universo, alrededor de seis millones se encontrarían en situación de mora.

El gobernador señaló que, durante la gestión de Javier Milei, la morosidad en los créditos bancarios pasó del 2,5% al 12,8%, mientras que entre los usuarios de billeteras virtuales se cuadruplicó. En el caso de las financieras no bancarias, el incumplimiento habría aumentado del 17,5% al 43%.

Para Kicillof, el crecimiento de la deuda está directamente relacionado con la pérdida del poder adquisitivo, los bajos salarios y jubilaciones, el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. Según afirmó, desde el inicio de la actual administración nacional desaparecieron 30 mil empresas y se perdieron 330 mil empleos formales en todo el país.

“El endeudamiento resulta de la necesidad de millones de familias de sostener el consumo o directamente la subsistencia con ingresos insuficientes”, planteó. En ese sentido, remarcó que numerosas personas recurren al crédito para comprar alimentos y medicamentos, pagar alquileres o afrontar estudios médicos.

Préstamos en pocos clics y tasas de hasta el 1.000%

Uno de los principales puntos de preocupación para el Gobierno bonaerense es la facilidad con la que las plataformas digitales ofrecen préstamos, en muchos casos sin explicar claramente sus costos y consecuencias.

Costa aseguró que existen créditos que pueden contratarse en pocos clics y cuyas tasas de interés oscilarían entre el 700% y el 1.000%, dependiendo del perfil de cada usuario. También cuestionó que determinados productos financieros sean presentados con una lógica similar a la de una compra electrónica, pese a los riesgos que implica asumir una deuda.

La Provincia abrió un expediente de investigación e inició imputaciones de oficio por la presunta falta de información en las operaciones y la ausencia del botón de arrepentimiento. Además, solicitó a las empresas que expliquen cuáles son los criterios utilizados para establecer la tasa de interés aplicada a cada persona.

Si se comprueban las infracciones, las compañías podrían recibir multas de hasta $1.883 millones y quedar obligadas a modificar las prácticas cuestionadas.

Antecedentes con Mercado Pago y Mercado Libre

El ministro de Producción recordó que, a comienzos de 2026, la Provincia había iniciado otra investigación de oficio sobre los términos y condiciones utilizados por Mercado Libre y Mercado Pago.

Según explicó, las cláusulas cuestionadas no detallaban adecuadamente los costos de las operaciones, trasladaban responsabilidades a los usuarios ante fallas de la plataforma, permitían dar por vencidos los préstamos de manera unilateral y establecían que cualquier conflicto debía tramitarse ante tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Costa indicó que las empresas modificaron esas condiciones durante agosto y aseguró que la intervención provincial permitió ampliar los derechos de los usuarios en todo el país.

Kicillof también puso el foco en el crecimiento del negocio financiero de las plataformas digitales. Al citar información de los balances de Mercado Libre y Mercado Pago, señaló que, mientras en Brasil y México la actividad financiera representa entre un tercio y el 40% del negocio, en la Argentina se convirtió en su componente principal.

Para el gobernador, estas empresas desarrollan funciones similares a las de los bancos —administran medios de pago, colocan recursos y otorgan créditos—, pero operan con regulaciones más flexibles.

La Provincia reclamó una respuesta nacional

El mandatario bonaerense sostuvo que la solución estructural depende del Gobierno nacional, ya que la regulación del sistema financiero corresponde a ese nivel del Estado. No obstante, anticipó que la Provincia avanzará con las herramientas que tiene disponibles en materia de defensa de los consumidores.

Kicillof rechazó el argumento de que la deuda responde exclusivamente a decisiones individuales y cuestionó la postura del presidente Javier Milei frente al problema.

“No es individual ni un tema entre privados”, afirmó el gobernador, quien insistió en que existe una marcada desigualdad de información y poder entre las empresas que conceden los préstamos y las personas que necesitan acceder al dinero.

Buenos Aires no es la única jurisdicción que resolvió intervenir ante el crecimiento de la morosidad. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear un Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, destinado a limitar los préstamos considerados abusivos.