Choferes de Uber, Didi y Cabify cuestionan el proyecto de regulación bonaerense

Conductores de Uber, Didi y Cabify manifestaron reparos al proyecto impulsado por el Gobierno de Axel Kicillof para regular el trabajo mediante plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. Si bien reconocieron la necesidad de establecer condiciones de seguridad y mayor transparencia, advirtieron que la propuesta podría incorporar nuevas cargas económicas y controles sobre una actividad que consideran independiente.

La iniciativa comenzará su tratamiento en comisiones de la Legislatura bonaerense y contempla la creación de un Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales. También propone un registro obligatorio de empresas, mecanismos de fiscalización y sanciones ante posibles incumplimientos.

Entre las obligaciones previstas se encuentra la contratación de seguros de accidentes personales para los trabajadores. Además, se proyecta una herramienta provincial que facilite el acceso a servicios de seguridad y emergencias.

Críticas por los costos y la falta de aportes

Ezequiel, conocido en redes sociales como “elpeladidi” y referente de un grupo de alrededor de 300 choferes, sostuvo que el proyecto contiene algunos puntos interesantes, aunque lo calificó como “netamente recaudatorio”.

El conductor señaló que la propuesta no contempla aportes jubilatorios ni resuelve otros reclamos centrales del sector. También advirtió que las nuevas exigencias podrían traducirse en mayores gastos para quienes trabajan con las aplicaciones.

“No buscan regular la actividad, sino engordarse los bolsillos a costa nuestra”, afirmó. A la vez, reclamó medidas que fortalezcan la seguridad de pasajeros y conductores, como la incorporación de sistemas de reconocimiento facial.

El debate sobre el control estatal

Desde Mar del Plata, el titular de la Asociación Civil de Conductores Unidos, Facundo Setzes, coincidió en que el Estado debe intervenir para garantizar condiciones de seguridad, pero pidió preservar el carácter independiente de la actividad.

Setzes cuestionó que el Ministerio de Trabajo bonaerense quede a cargo de la fiscalización y que las empresas deban informar datos relacionados con las horas de conexión, los ingresos obtenidos y la cantidad de viajes realizados.

Para el dirigente, existe una línea muy fina entre garantizar derechos y seguridad, por un lado, y avanzar sobre una actividad privada con controles excesivos, por el otro. También rechazó que la regulación termine asimilando el trabajo en plataformas a una relación laboral tradicional.

Tarifas y algoritmos bajo la lupa

No todos los conductores se oponen a una intervención más profunda. Otros trabajadores consideran necesaria una norma que regule las tarifas, mejore las condiciones de seguridad y obligue a las empresas a transparentar el funcionamiento de sus algoritmos.

Damián, otro chofer consultado, reclamó mayor claridad sobre las comisiones cobradas tanto a conductores como a pasajeros. También planteó que las plataformas deberían asumir una proporción más importante de los costos operativos de la actividad.

El proyecto alcanza además a aplicaciones de reparto como Rappi y PedidosYa, así como a las denominadas “tiendas invisibles”. Entre sus disposiciones figuran el registro provincial, la obligación de proporcionar información, los seguros para trabajadores, las sanciones por incumplimiento y la posibilidad de crear paradores públicos.

Mientras comienza la discusión legislativa, los conductores reclaman ser escuchados y advierten que cualquier regulación deberá evitar que los nuevos controles terminen reduciendo sus ingresos o trasladando más costos a quienes trabajan diariamente con las aplicaciones.