Masacre de Fátima: 50 años de memoria frente al negacionismo

Al cumplirse este 20 de agosto medio siglo de la Masacre de Fátima, la Comisión que mantiene viva la memoria de sus víctimas difundió una carta abierta atravesada por dos dimensiones inseparables: el recuerdo de uno de los crímenes más brutales de la última dictadura cívico-militar y la preocupación por un presente en el que vuelven a circular discursos negacionistas, expresiones de odio y formas de legitimación de la violencia estatal.

Bajo el título Entre la crisis y la esperanza, pasaron 50 años, el organismo reafirmó su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia y sostuvo que recordar no es un ejercicio anclado en el pasado, sino una herramienta para defender la democracia y los derechos conquistados.

Treinta personas secuestradas, fusiladas y dinamitadas

La Masacre de Fátima fue perpetrada durante la madrugada del 20 de agosto de 1976. Veinte hombres y diez mujeres que permanecían detenidos ilegalmente en el centro clandestino de detención conocido como Coordinación Federal, instalado en dependencias de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, fueron trasladados hasta un descampado de Fátima, en el partido bonaerense de Pilar.

Las víctimas fueron ejecutadas con disparos en la cabeza y sus cuerpos fueron dinamitados. La explosión dispersó los restos en un radio de decenas de metros. La dictadura intentó encubrir el crimen mediante un comunicado oficial que lo presentó como un atentado cometido por grupos considerados “irracionales”. No fue un enfrentamiento ni un episodio aislado: fue un crimen de Estado ejecutado contra personas que se encontraban cautivas y bajo control de las fuerzas represivas.

Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de Derqui, incluso cuando algunas de las víctimas ya habían sido reconocidas. La búsqueda de familiares y organismos de derechos humanos, junto con el trabajo posterior de la Justicia y del Equipo Argentino de Antropología Forense, permitió recuperar numerosas identidades y restituir parte de la verdad que el aparato represivo había procurado borrar.

En 2008, el Tribunal Oral Federal N.º 5 condenó a prisión perpetua a los exintegrantes de la Policía Federal Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone por su responsabilidad en la masacre. Miguel Ángel Timarchi fue absuelto. Las condenas constituyeron un paso fundamental, aunque la investigación y la identificación de todas las víctimas continúan formando parte de una deuda de justicia.

La memoria como respuesta al presente

En su documento, la Comisión advirtió que el aniversario se produce en un escenario internacional signado por el crecimiento de corrientes neofascistas y por intentos de naturalizar el individualismo, la crueldad y el uso desmedido de la fuerza estatal.

La organización también señaló que están en crisis algunos de los acuerdos democráticos construidos desde 1983 y que las nuevas generaciones incorporan preguntas, necesidades y formas diferentes de intervenir en el debate público. Frente a esas transformaciones, sostuvo que la memoria colectiva debe seguir siendo una herramienta central para construir una sociedad más justa.

La carta recordó que el golpe de Estado de 1976 no tuvo únicamente una dimensión represiva. También instauró un proyecto económico que desmanteló parte de la estructura productiva nacional, favoreció la especulación financiera y avanzó sobre derechos sociales. Desde esa lectura, la Comisión trazó un paralelismo con las políticas actuales y cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei, aunque el presente transcurra bajo instituciones democráticas.

Los derechos humanos no pertenecen sólo al pasado

El pronunciamiento vinculó las políticas de memoria con las condiciones materiales de vida. Advirtió sobre la situación de la educación y la salud públicas, las dificultades que atraviesan las personas jubiladas y con discapacidad, el deterioro de los salarios y las restricciones presupuestarias que afectan a las universidades, la ciencia y la tecnología.

Desde una perspectiva integral, los derechos humanos no se reducen al juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. También comprenden la obligación estatal de garantizar una vida digna, sin exclusiones, y de proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, la Comisión reclamó el cese de las políticas de desfinanciamiento y privatización que, según expresó, comprometen el presente y el futuro del país.

Al cumplirse además 60 años de la Noche de los Bastones Largos, el documento relacionó aquel ataque de la dictadura de Juan Carlos Onganía contra la universidad pública con el actual deterioro presupuestario de la educación superior y del sistema científico. La defensa de la memoria aparece así ligada a la protección de instituciones fundamentales para la soberanía y la democracia.

Romper los pactos de silencio

La Comisión reclamó el acompañamiento de las instituciones políticas y de la sociedad para sostener el ejercicio de memoria y quebrar los pactos de silencio que todavía obstaculizan el conocimiento pleno sobre los crímenes de la dictadura.

También recordó a las madres Haydée, Aurora y Carmen; a su compañero Coco, y a Eduardo y Hugo, fallecidos recientemente. Los nombró como parte de una construcción colectiva que continúa junto a las treinta víctimas de Fátima y que coloca en el centro a quienes padecen la desigualdad, el abandono y la violencia.

El texto concluyó con los reclamos “Milagros y Cristina, inocentes y libres” y “30 compañeros asesinados en Fátima, presentes, ahora y siempre”.

A cincuenta años de la masacre, la consigna vuelve a señalar que la democracia no puede convivir con el olvido, el negacionismo ni la relativización del terrorismo de Estado. La memoria no es una mirada inmóvil hacia atrás: es una forma de cuidar el presente y de impedir que la violencia estatal vuelva a convertirse en destino.