El gobernador Gustavo Sáenz formalizó mediante el Decreto Provincial 493 un acuerdo financiero con el Ministerio de Economía de la Nación que dejó un saldo de 265.914 millones de pesos a favor del Estado nacional.
El entendimiento, alcanzado con la cartera que conduce Luis Caputo, surgió después de compensar las obligaciones pendientes entre ambas administraciones. En ese proceso, Nación reconoció una deuda de 1.868 millones de pesos correspondiente a obras de vivienda, mientras que Salta aceptó compromisos por 267.782 millones.
El convenio no se limita al reconocimiento y pago de la deuda. La Provincia también deberá desistir de tres procesos judiciales iniciados contra el Gobierno nacional y aceptar un esquema de seguimiento sobre sus finanzas públicas.
Salta retirará las demandas contra Nación
Como parte del acuerdo, la administración de Sáenz se comprometió a abandonar los procesos judiciales relacionados con los decretos nacionales 561/19 y 567/19, la medida cautelar vinculada con ese reclamo y el amparo presentado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
De esta manera, el Gobierno provincial resignará la continuidad de acciones judiciales mediante las cuales buscaba recuperar recursos que consideraba adeudados por la Nación.
El desistimiento representa una de las principales concesiones realizadas por Salta dentro de una negociación que combina el reconocimiento de obligaciones financieras con el cierre de disputas judiciales.
Cuotas y una tasa anual del 15%
El convenio establece un cronograma dividido en diferentes etapas. Una suma de 77.700 millones de pesos será cancelada mediante cuatro cuotas mensuales, mientras que otros 7.986 millones deberán pagarse en diciembre de 2026.
El saldo restante, calculado en 180.227,9 millones de pesos, será abonado en siete pagos. Sobre las sumas adeudadas se aplicará una tasa nominal anual del 15%.
Como garantía de cumplimiento, Nación podrá cobrar tanto el capital como los intereses mediante retenciones directas sobre los fondos que Salta recibe por la Coparticipación Federal de Impuestos.
Este mecanismo implica que, ante eventuales incumplimientos, los recursos podrían ser descontados antes de ser transferidos a la Provincia, con impacto directo sobre los ingresos disponibles para afrontar gastos y obligaciones locales.
Nación controlará periódicamente las cuentas provinciales
El acuerdo también obliga a Salta a proporcionar información financiera a la Secretaría de Hacienda nacional de manera periódica.
Los reportes deberán incluir datos sobre la deuda provincial, el gasto en personal, la situación del Tesoro, los saldos bancarios, los ingresos, las transferencias realizadas a los municipios y la utilización del crédito público.
La información será remitida con frecuencias mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según el tipo de indicador solicitado.
Con la firma del convenio, Sáenz cerró un entendimiento que ordena las obligaciones financieras entre Salta y Nación, pero que al mismo tiempo compromete recursos futuros de la coparticipación, impone mayores controles sobre las cuentas provinciales y pone fin a tres reclamos judiciales contra el Gobierno nacional.