El Gobierno nacional lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística S.A.
El proceso abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones a los principales puertos y pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
La convocatoria incorpora una restricción para las empresas controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. La medida, conocida como cláusula “anti-China”, replica un criterio aplicado anteriormente en las licitaciones de la Hidrovía y del proyecto eléctrico AMBA I.
Según la documentación oficial, las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre a las 10, mientras que las ofertas deberán presentarse mediante la plataforma CONTRAT.AR antes del 11 de noviembre a las 9.59. La apertura se realizará ese mismo día a las 10.
Acceso abierto y beneficios del RIGI
La concesión funcionará bajo un régimen de acceso abierto, que permitirá la participación de diferentes operadores mediante el pago de peajes y bajo condiciones que el Gobierno definió como objetivas y no discriminatorias.
Los concesionarios deberán presentar planes de inversión y ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años. También podrán proponer trabajos adicionales, que serán considerados al momento de adjudicar los contratos.
Las empresas que inviertan en infraestructura ferroviaria podrán acceder a los beneficios establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El contrato no contempla el pago de cánones ni el otorgamiento de subsidios estatales. Los ingresos de los adjudicatarios provendrán de los peajes cobrados a los operadores y de la explotación comercial de terrenos e inmuebles ubicados junto a las vías, entre ellos silos y parques logísticos.
Venta de locomotoras y vagones
La licitación incluye la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. La opción no será obligatoria y cada interesado podrá decidir si incorpora locomotoras y vagones a su propuesta.
Los recursos obtenidos mediante la venta o el remate del material serán administrados a través de un fideicomiso constituido por Belgrano Cargas y Logística. Esos fondos se utilizarán para financiar parcialmente las obras obligatorias.
El esquema divide la privatización en diferentes etapas: la concesión de las vías y los terrenos asociados, la venta del material rodante y la utilización de los talleres ferroviarios.
Las obras previstas
Entre las intervenciones incluidas se encuentran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano.
También se proyecta rehabilitar la capacidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín, además de recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.
El diseño original contemplaba inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la Línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza. Esas cifras podrían sufrir modificaciones durante el proceso.
El Ministerio de Economía justificó el plazo de 50 años al señalar que permitirá financiar obras de gran escala y distribuir la recuperación de las inversiones durante un período más extenso.
El ministro Luis Caputo sostuvo que la medida busca incorporar capital, experiencia y capacidad de gestión privada. Según el funcionario, la producción agropecuaria se multiplicó por seis desde 1970, mientras que el sistema ferroviario de cargas transporta actualmente un volumen menor al registrado entonces.
Desde el Gobierno atribuyeron esa diferencia al deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento, los descarrilamientos y los problemas de administración. Con la concesión, el Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.
La convocatoria forma parte del programa de privatizaciones autorizado por la Ley Bases y constituye uno de los principales avances del Ejecutivo sobre el sistema ferroviario estatal.