La Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense dio despacho favorable a un proyecto que busca elevar el respaldo legislativo necesario para disminuir la participación o propiedad del Estado provincial en empresas.
La iniciativa pertenece a la diputada de Unión por la Patria Maite Alvado y propone modificar el artículo 2° de la Ley 12.989. Actualmente, este tipo de decisiones puede adoptarse con mayoría simple, pero el texto plantea exigir el voto favorable de al menos dos tercios de la totalidad de los integrantes de la Legislatura.
De aprobarse, cualquier reducción de la participación accionaria o patrimonial de la Provincia necesitará un acuerdo político mucho más amplio dentro de ambas cámaras.
Un freno a posibles privatizaciones
Según los fundamentos, el objetivo es preservar la intervención estatal en sectores considerados estratégicos y garantizar la continuidad de las inversiones públicas relacionadas con la infraestructura y los servicios básicos.
La propuesta pretende evitar que la participación bonaerense en determinadas compañías pueda ser reducida por la sola decisión de una mayoría circunstancial o como consecuencia de un cambio de gobierno.
“El rol del Estado es garantizar el bienestar de su población, y nuestra función es fomentar y profundizar ese rol”, sostuvo Alvado. La legisladora agregó que Buenos Aires “cuenta con los recursos necesarios para invertir en puntos estratégicos de desarrollo económico”.
El tratamiento ocurre en medio de una creciente discusión política sobre el papel de las empresas estatales y los procesos de privatización impulsados en el ámbito nacional. Frente a ese escenario, el oficialismo bonaerense busca fortalecer las herramientas destinadas a proteger la presencia pública en áreas sensibles.
El proyecto deberá pasar por otras dos comisiones
La propuesta, que reproduce una iniciativa presentada durante el período legislativo anterior, había ingresado formalmente en abril de 2025. Tras conseguir dictamen en Servicios Públicos, deberá continuar su recorrido por las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Solo después de superar esas instancias podrá quedar en condiciones de ser debatida en el recinto de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Servicios Públicos está presidida por el diputado Ariel Archanco. El oficialista Ricardo Lissalde ocupa la vicepresidencia, mientras que el legislador libertario Agustín Romo se desempeña como secretario.