Un grupo de productores agropecuarios de General Guido demandó a la Municipalidad de General Guido ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores por el estado de la red vial rural y por el destino de los fondos de la Tasa de Red Vial.
La presentación se realizó luego de sucesivos reclamos vinculados al mantenimiento de los caminos y al aumento de las tasas municipales. El caso se suma a problemáticas similares planteadas en otros distritos de la región, como Ayacucho.
Qué piden los productores
En la demanda solicitaron que el Municipio informe:
1. Cuáles fueron los fondos recibidos y destinados a la red vial.
2. Qué trabajos se realizaron en los últimos 3 años, con detalle de kilómetros reparados.
3. El destino de los recursos provenientes de otras fuentes para el mantenimiento vial.
Además, cuestionaron las ordenanzas tarifarias y el criterio de cobro de la tasa por cantidad de hectáreas. Para los demandantes debe existir "una relación efectiva y proporcional entre el monto que pagó cada contribuyente y el servicio que recibió".
Como medida subsidiaria, pidieron el reintegro de los importes abonados en exceso y, en su defecto, que los valores se retrotraigan a la Ordenanza Fiscal 2023 con ajustes "razonables y no confiscatorios".
El impacto en la vida rural
Los productores plantearon que el deterioro de los caminos no solo afecta a la producción, sino también a la vida cotidiana en el campo.
Entre los puntos mencionados figuran las dificultades para el acceso de alumnos a escuelas rurales, la respuesta ante emergencias de salud y la circulación de quienes viven y trabajan en la zona.
El expediente se encuentra actualmente a la espera de una resolución judicial vinculada a informes requeridos a la Municipalidad de General Guido.
Una problemática regional
El conflicto en General Guido se da en paralelo a otros reclamos en la zona.
En Ayacucho, la Sociedad Rural convocó a una asamblea abierta para este jueves 13 de agosto a las 19:00 en su sede de 25 de Mayo y Sarmiento. En el encuentro se abordará la situación de los caminos, el trabajo de la Mesa de Caminos y posibles alternativas.
Ahora la Justicia deberá expedirse sobre la razonabilidad de los montos cobrados, el destino de los recursos y el nivel de prestación del servicio vial rural.