La senadora bonaerense Inés Laurini presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo marco legal que permita a los municipios asociarse, realizar compras conjuntas y compartir servicios e infraestructura.
La iniciativa busca reducir los costos, aprovechar la escala regional y mejorar las prestaciones que reciben los vecinos, especialmente en los distritos pequeños o con menores niveles de recaudación.
En los fundamentos, Laurini advierte que la provincia de Buenos Aires presenta profundas desigualdades entre sus municipios. Mientras algunas comunas poseen estructuras administrativas amplias y recursos propios, otras dependen en gran medida de las transferencias provinciales y nacionales.
Esa disparidad provoca que determinadas prestaciones —como la compra de medicamentos, el mantenimiento de maquinaria, el funcionamiento de laboratorios o el tratamiento de residuos— sean costosas o directamente inviables si cada distrito intenta resolverlas por separado.
Tres niveles de asociación
El proyecto habilita diferentes modalidades de integración, de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada municipio.
La Central Intermunicipal de Compras y Abastecimiento permitiría adquirir en conjunto medicamentos, combustibles, luminarias, neumáticos e insumos hospitalarios. Al concentrar la demanda, las comunas podrían negociar mejores precios y condiciones.
La Agencia Intermunicipal de Servicios estaría orientada a compartir funciones técnicas, como laboratorios, bromatología, zoonosis, defensa civil, mantenimiento de maquinaria o sistemas de información.
El Consorcio Regional Integrado sería la alternativa de mayor alcance. Bajo esa figura podrían conformarse redes regionales de salud, agua y saneamiento, transporte o gestión de residuos.
Los municipios tendrían la posibilidad de comenzar con el nivel más sencillo y ampliar gradualmente la integración.
Adhesión por ordenanza y control de los recursos
Cada distrito deberá aprobar su incorporación mediante una ordenanza y firmar un convenio o estatuto que defina los aportes, la distribución de gastos, la administración de los fondos y las condiciones de una eventual salida.
También se contemplan plazos mínimos de permanencia y mecanismos de compensación para impedir que el retiro intempestivo de un municipio perjudique al resto de los integrantes.
La iniciativa crea un Registro Provincial de Asociaciones Intermunicipales y un Fondo Provincial de Incentivo destinado a financiar estudios, asistencia técnica y equipamiento inicial.
El manejo de los recursos quedará bajo control del Tribunal de Cuentas bonaerense. Las entidades deberán presentar rendiciones y publicar su información económica en formato digital.
La propuesta actualiza la Ley 13.580 de Consorcios de Gestión y Desarrollo. Según sus fundamentos, el régimen vigente quedó limitado frente a las actuales necesidades de los gobiernos locales.
El objetivo es que la cooperación no dependa únicamente de la buena relación circunstancial entre los intendentes, sino que se transforme en una política estable, con reglas, controles y previsibilidad para municipios de distinta escala.