El senador bonaerense Mario Ishii ingresó un proyecto de ley en el Senado provincial para prohibir de forma taxativa que los municipios financien con recursos propios el funcionamiento y mantenimiento de los patrulleros de la Policía Bonaerense.
La iniciativa establece que la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, será la única responsable del financiamiento integral, preventivo y correctivo de los vehículos de la fuerza.
El texto busca frenar "la constante sangría de fondos que sufren las intendencias" para sostener los móviles operativos en cada distrito.
Qué gastos cubriría la Provincia
El articulado determina que el Estado bonaerense deberá "absorber la totalidad de los costos": reparaciones, conservación, adquisición de repuestos, neumáticos, contratación de seguros y combustibles.
La obligación incluye también a las unidades adquiridas por las comunas mediante el "Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad".
Blindaje financiero para los municipios
El proyecto introduce un mecanismo de blindaje financiero para las administraciones locales.
El artículo 3 dispone que, ante cualquier insuficiencia en las partidas provinciales enviadas para los vehículos, "la diferencia económica restante deberá ser cubierta de forma exclusiva por la provincia". No se podrá imponer a los municipios la obligación de afectar sus presupuestos.
Asimismo, prohíbe explícitamente "condicionar" el acceso de los municipios a programas de seguridad provinciales a cambio de que asuman gastos de funcionamiento de la Bonaerense. Los futuros convenios no podrán contener cláusulas que impliquen transferencias de responsabilidades operativas o financieras a los distritos.
El fundamento: competencia provincial
En los fundamentos se destaca que la seguridad pública constituye una competencia exclusiva de la provincia de Buenos Aires bajo la Ley 12.154.
Ishii, intendente en uso de licencia de José C. Paz, considera que "la insuficiencia de los recursos transferidos genera una evidente distorsión" en el reparto constitucional, "forzando" a los intendentes a "desviar tasas" comunales para pagar arreglos mecánicos y nafta.
El proyecto invoca el principio de correspondencia fiscal y la defensa de la autonomía municipal para exigir al Ejecutivo bonaerense adecuaciones presupuestarias que pongan fin a este esquema de financiamiento indirecto.
El trasfondo político
La iniciativa se da en medio de tensiones dentro del oficialismo bonaerense. Es un secreto a voces que los intendentes oficialistas no reclaman públicamente por estos gastos, algo que queda en manos de los jefes comunales de oposición.
"Así fue desde Eduardo Duhalde para acá", recordó un observador de la política bonaerense.
Con este proyecto Ishii llama al debate provincial y pone en discusión cómo se reparte el costo de la seguridad entre Provincia y municipios.