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La Fiscalía intimó a Adorni por su patrimonio
14:33 | El exjefe de Gabinete tendrá 15 días para responder veinte interrogantes sobre bienes, gastos, operaciones inmobiliarias, préstamos familiares y criptomonedas. El fiscal Gerardo Pollicita detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos y los desembolsos del grupo familiar.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá justificar en un plazo de 15 días el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento fue presentado por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez federal Ariel Lijo y quedó plasmado en un dictamen de 207 páginas. Allí, la Fiscalía formuló veinte interrogantes vinculados con propiedades, vehículos, viajes, movimientos bancarios, préstamos familiares, operaciones con criptomonedas y gastos realizados durante el paso de Adorni por la administración pública nacional.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre gastos que serían, en principio, desproporcionados respecto de los ingresos legítimos del exfuncionario.
La presentación fue ampliada posteriormente por la propia Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Una diferencia de más de $43 millones
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, entre el 14 de diciembre de 2023, fecha del ingreso de Adorni a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes.
Al sumar esos salarios con los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, el grupo familiar habría percibido un total de $229.752.283,20.
Sin embargo, durante ese mismo período se registraron gastos por $272.820.832,20 en seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia asciende a $43.068.549 y, según el dictamen fiscal, todavía no cuenta con una explicación suficiente.
La investigación también identificó desembolsos por US$402.578,12, relacionados con viajes, alquileres, operaciones inmobiliarias, refacciones y compra de mobiliario.
Propiedades, un Jeep y una remodelación de US$245 mil
Una parte central del requerimiento se concentra en la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá y en la construcción y remodelación de una vivienda de dos plantas ubicada en ese terreno, que figura a nombre de la esposa de Adorni.
El exfuncionario deberá justificar el origen de los fondos utilizados para comprar el lote, abonar la tasa de ingreso al emprendimiento y financiar las obras.
La Fiscalía puso especialmente la lupa sobre los US$245.000 pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de la propiedad. Adorni deberá presentar recibos, identificar cada uno de los pagos y demostrar de dónde provinieron las divisas.
También tendrá que brindar explicaciones sobre la compra y las mejoras realizadas en un departamento ubicado en Miró 550, además del mobiliario adquirido para ese inmueble, que habría sido pagado en dólares y en efectivo.
El requerimiento incluye, además, la compra de un Jeep y una facturación superior a los $4 millones emitida en 2026 a nombre de Angeletti por una concesionaria. La Justicia busca determinar si ese comprobante corresponde a un vehículo no declarado o a otra operación.
Dólares, préstamos y operaciones con terceros
Otro de los ejes de la intimación está relacionado con los dólares en efectivo incluidos en las declaraciones juradas de Adorni. El exfuncionario deberá indicar qué activos vendió, cuándo se concretaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue el recorrido bancario, registral o bursátil del dinero.
También tendrá que acreditar la existencia de préstamos atribuidos a dos familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo, y demostrar la efectiva entrega de los fondos, el destino que tuvieron y la evolución de esas obligaciones.
La Fiscalía detectó, a su vez, pagos realizados por personas del entorno del matrimonio. Por ese motivo, Adorni deberá explicar por qué terceros adquirieron bienes o afrontaron gastos en nombre del grupo familiar, cómo fueron reintegrados esos montos y cuál fue el origen del efectivo utilizado.
La investigación también comprende consumos efectuados mediante tarjetas adicionales vinculadas al exfuncionario, acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación y la eventual cancelación de deudas declaradas con el Banco Galicia.
Las criptomonedas bajo la lupa
La operatoria con activos virtuales ocupa otro capítulo relevante del expediente. Adorni deberá detallar con qué capital comenzó a operar, qué cuentas utilizó y de dónde provinieron los fondos.
Según el dictamen, en declaraciones juradas rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas con criptoactivos. Además, un informe de la SIFRAI habría vinculado al exfuncionario con otros activos virtuales.
La Fiscalía también señaló la existencia de un capital informado por Adorni al validar su identidad ante una billetera virtual que no habría sido incluido originalmente en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Para reconstruir estas operaciones fueron solicitados datos a plataformas como Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango, además de información bancaria, fiscal, registral y financiera.
Facturas y comprobantes sin conciliar
El análisis patrimonial detectó veinte comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025, por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser asociados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas digitales.
También aparecieron dieciséis facturas emitidas por una empresa por más de $2 millones, aunque los montos pagados no coincidirían con los consignados en los comprobantes.
Adorni deberá aclarar si las operaciones se realizaron, cómo fueron abonadas y de dónde provinieron los recursos. También tendrá que explicar el nivel de adquisiciones registradas bajo su CUIT durante un período en el que, según la Fiscalía, no desarrollaba una actividad comercial que las respaldara.
La intimación fue encuadrada en el artículo 268, inciso 2, del Código Penal. Una vez notificado, el exfuncionario contará con 15 días para responder los veinte puntos y presentar la documentación correspondiente.
