El senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad cuestionó el capítulo de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que propone modificar la Ley de Manejo del Fuego. Durante su exposición en el recinto, el legislador radical advirtió que la reforma podría ser inconstitucional y anticipó que, de ser aprobada, probablemente será objeto de planteos judiciales.
Abad centró sus críticas en la decisión de eliminar las restricciones vigentes sobre el cambio de uso de los terrenos afectados por incendios. Según explicó, la modificación reduciría la protección posterior al fuego en bosques, humedales y superficies destinadas a actividades agropecuarias.
El principio de no regresión ambiental
El senador recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y establece la obligación del Estado de garantizar su protección.
En ese marco, sostuvo que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema reconocen el principio de no regresión ambiental, por el cual una nueva normativa no debería disminuir los niveles de protección ya alcanzados.
“Ese principio obliga a no generar disposiciones que puedan disminuir los estándares de protección ambiental vigentes”, afirmó Abad. A su entender, la reforma impulsada por el oficialismo avanza en el sentido contrario.
El legislador también cuestionó uno de los argumentos centrales del proyecto. Señaló que, aunque la iniciativa busca reforzar la seguridad jurídica vinculada con la propiedad privada, la posibilidad de que el capítulo ambiental sea judicializado terminaría generando el efecto opuesto.
Qué propone eliminar el proyecto
La iniciativa pretende dejar sin efecto dos artículos incorporados en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego mediante una propuesta impulsada por Máximo Kirchner.
Uno de ellos establece restricciones por 60 años para modificar el uso de superficies incendiadas comprendidas dentro del ordenamiento territorial de bosques nativos. El otro fija una prohibición de 30 años para cambiar el destino de zonas agrícolas afectadas por el fuego.
Abad insistió en que la derogación de esas disposiciones debilitaría las herramientas destinadas a evitar que los incendios sean utilizados para habilitar negocios inmobiliarios, agropecuarios o productivos sobre las tierras afectadas.
“Estoy convencido de que este capítulo está viciado de inconstitucionalidad y va a ser materia de discusión judicial”, concluyó el senador bonaerense.