Sin votos y bajo presión, el oficialismo retiró la reforma de la Ley de Tierras

La reforma de la Ley de Tierras quedó fuera del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Ante la falta de votos en el Senado, La Libertad Avanza y los bloques aliados resolvieron retirar por completo el capítulo que modificaba el régimen de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales.

La decisión fue tomada durante una reunión de urgencia encabezada por Patricia Bullrich en las oficinas del radicalismo, poco después de que la vicepresidenta Victoria Villarruel ratificara la convocatoria a la sesión prevista para este jueves 6 de agosto, desde las 14.

El encuentro reunió al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi; Luis Juez; Natalia Gadano; Beatriz Ávila; Carlos Arce; Sonia Rojas Decut; Flavia Royón; Edith Terenzi; Carlos “Camau” Espínola y los representantes del PRO Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

El rechazo atravesó a los bloques aliados

El oficialismo llegó a la reunión sin margen para sostener el capítulo III, que contemplaba modificaciones a la Ley 26.737 y proponía elevar hasta el 25% el límite máximo de tierras rurales en manos extranjeras.

Durante las últimas horas, varios legisladores considerados dialoguistas anticiparon su rechazo. La resistencia también llegó desde las provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada.

Los mandatarios Rolando Figueroa, de Neuquén; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Hugo Passalacqua, de Misiones, se pronunciaron contra la ampliación del límite de extranjerización. Esas definiciones comprometieron los votos de Beatriz Ávila, Julieta Corroza, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

También anunciaron su rechazo los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes se sumaron a la posición contraria del bonaerense Maximiliano Abad. La pampeana Victoria Huala tampoco había garantizado su acompañamiento.

Con más de 37 expresiones en contra, La Libertad Avanza quedó sin posibilidades de aprobar la reforma y aceptó retirarla para preservar el acuerdo parlamentario con el denominado “grupo de los 44”.

La movilización social acompañó la presión política

El retroceso del oficialismo se produjo mientras organizaciones sociales, comunidades y distintos sectores de la sociedad civil preparaban una movilización frente al Congreso para este jueves. La convocatoria también había recibido el respaldo público de artistas y referentes populares que reclamaron frenar la extranjerización de las tierras rurales.

La presión social se combinó con el rechazo de gobernadores y senadores aliados, hasta transformar una votación ajustada en una derrota prácticamente segura para el oficialismo.

Los bloques acordaron que la discusión podrá retomarse por separado en el mediano plazo. Una de las alternativas que reúne mayor consenso es permitir que cada provincia establezca su propio marco normativo para regular la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

El resto del proyecto continúa en pie

La sesión se reanudará este jueves, tras el cuarto intermedio dispuesto el pasado 16 de julio. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, será el encargado de informar en el recinto la eliminación del capítulo referido a la Ley de Tierras.

La iniciativa continuará con los puntos restantes, entre ellos el endurecimiento de las condiciones para las expropiaciones, la agilización de los desalojos —con consecuencias sensibles para los inquilinos—, cambios en la Ley de Manejo del Fuego respecto del uso posterior de terrenos incendiados y una modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Antes de avanzar con el debate, el Senado deberá resolver los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de manera remota. El oficialismo adelantó que exigirá una mayoría de dos tercios tanto para incorporar esas solicitudes al temario como para aprobarlas, debido a que no cuentan con dictamen de comisión.

La caída del capítulo III representa un revés para Bullrich, quien había defendido públicamente la ampliación del límite de extranjerización. Sin respaldo suficiente y frente a una resistencia que creció dentro y fuera del Congreso, el oficialismo debió retirar uno de los puntos más controvertidos del proyecto.