La titular del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, Susana González, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el decreto que modificó el régimen del servicio de practicaje y provocó la paralización de la actividad portuaria. Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los prácticos, las operaciones quedaron normalizadas.
González sostuvo que la administración libertaria impulsa desregulaciones “sin siquiera conocer el tema ni sentarse a hablar con el sector” y consideró que esa metodología terminó por “inmovilizar la exportación”, con barcos demorados en las radas y sin profesionales disponibles para conducirlos.
“Quedó el país inmovilizado porque estaban todos los barcos en la rada y no había prácticos que condujeran esos buques”, describió la exdiputada provincial.
El conflicto y la intervención de Prefectura
La dirigente de Ensenada también criticó la decisión oficial de recurrir a la Prefectura Naval para presionar a los profesionales. Explicó que los prácticos no pertenecen a un gremio ni mantienen una relación de dependencia, sino que desarrollan su actividad de manera independiente.
“La Prefectura al práctico no lo puede obligar a nada”, remarcó González, quien además señaló que la fuerza tampoco cuenta con la preparación específica necesaria para reemplazarlos.
En ese sentido, lamentó lo que definió como un “manoseo permanente” de las fuerzas de seguridad, al considerar que son destinadas a cumplir tareas alejadas de sus responsabilidades centrales. “La competencia que tiene la Prefectura es ser la guardiana de nuestras aguas”, afirmó.
Una situación de riesgo en el Puerto La Plata
González calificó como “inconcebible” el escenario provocado por la medida. Según detalló, la acumulación de embarcaciones generó situaciones especialmente delicadas en el Puerto La Plata.
La funcionaria explicó que había un buque cargado con combustible que no podía abandonar el puerto porque la rada se encontraba saturada y no había prácticos que pudieran conducirlo.
También cuestionó que el decreto fijara un límite al valor del servicio, pese a que los funcionarios nacionales defienden públicamente la libre competencia y la libertad de mercado.
La titular del consorcio remarcó que el trabajo de los prácticos no representa un costo para el Estado, debido a que sus honorarios son abonados por los armadores. Desde su perspectiva, estas modificaciones buscan beneficiar a las navieras extranjeras en perjuicio de la actividad nacional.
“Cada vez que sacan una regulación, lo hacen porque hay negocios atrás o para hacer daño”, lanzó.
El acuerdo que permitió destrabar la actividad
El conflicto finalmente se solucionó mediante un acta acordada entre los prácticos y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El entendimiento estableció la suspensión de la aplicación del decreto —aunque no su derogación— y una reducción del 20% en los honorarios profesionales.
A partir de ese acuerdo, los prácticos retomaron las tareas y la actividad comenzó a normalizarse. González confirmó que el funcionamiento del Puerto La Plata ya fue restablecido.
Sin embargo, advirtió que continúan vigentes otras medidas desregulatorias impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas las que habilitan la contratación de tripulaciones extranjeras y eliminan la obligación de contar con serenos.
Proyectos y dificultades financieras
En relación con la situación del Puerto La Plata, González informó que presentó ante el Consejo Federal de Inversiones un proyecto para obtener financiamiento destinado a una terminal multimodal en la Península de los Perros.
El consorcio también espera que LNG del Plata entregue la documentación necesaria para evaluar la construcción de un muelle destinado a operaciones vinculadas con el gas natural licuado.
La funcionaria reconoció, además, que distintos permisionarios atraviesan dificultades económicas. “Estamos en un momento tenso financieramente, pero también con muchas expectativas de que ingresen nuevos proyectos”, concluyó.