La cuenta regresiva hacia el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elevó la tensión política y multiplicó los pronunciamientos contra uno de sus capítulos más controvertidos: la modificación del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei volverá al recinto del Senado de la Nación el próximo jueves 6 de agosto, luego de que el oficialismo consiguiera el quórum en un intento anterior, pero no reuniera los votos necesarios para aprobarlo.
En las horas previas al debate, el Gobierno bonaerense, intendentes y organizaciones políticas y sociales advirtieron que la propuesta no se limita a reforzar la protección de la propiedad privada, sino que abre la puerta a un proceso de extranjerización territorial con impacto directo sobre recursos naturales estratégicos.
Bianco confirmó la movilización al Congreso
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la iniciativa “va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales” y confirmó que tanto el Movimiento Derecho al Futuro como el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires participarán de la movilización convocada para el 6 de agosto.
“Todo el mundo cada vez cuida más sus tierras y sus recursos naturales. En Argentina, al revés, Milei avanza con un plan de extranjerización y venta de nuestras tierras y nuestros recursos”, cuestionó el funcionario durante su conferencia de prensa semanal.
Bianco señaló que el texto enviado por el Ejecutivo nacional modifica diferentes normativas vinculadas con el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, los barrios populares, la Ley de Manejo del Fuego y el registro de la propiedad inmueble.
Sin embargo, identificó como uno de sus puntos centrales la reforma de la Ley de Tierras Rurales, que actualmente establece un límite del 15% para la superficie que puede quedar en manos extranjeras, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal. La regulación también fija un máximo de mil hectáreas en la zona núcleo productiva —o su equivalente— para un mismo titular extranjero.
La propuesta oficial eliminaría esos topes y trasladaría parte de la regulación a las provincias. Para el Gobierno bonaerense, ese cambio debilitaría una protección nacional uniforme y profundizaría las desigualdades entre las distintas jurisdicciones.
“La llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada intenta llevar adelante un proceso sistemático de extranjerización de nuestras tierras”, sostuvo Bianco. Además, recordó que países como Brasil y México conservan restricciones a la adquisición extranjera, mientras otras naciones reservan directamente la propiedad de determinadas tierras para sus ciudadanos.
El funcionario confirmó que el espacio conducido por Axel Kicillof y el PJ bonaerense se sumarán a la protesta frente al Congreso, que tendrá carácter pacífico, para expresar un rechazo “contundente” al proyecto.
Espinoza habló de “otras Malvinas”
Una de las expresiones más duras provino del intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, quien trazó un paralelismo entre la iniciativa y la ocupación británica de las Islas Malvinas.
“Milei quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina. En eso consiste el proyecto de extranjerización de nuestras tierras”, afirmó.
MILEI QUIERE LLENAR DE “OTRAS MALVINAS” TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. EN ESO CONSISTE EL PROYECTO DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS.
— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 3, 2026
NO A LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS
Según Espinoza, la eliminación de las restricciones podría facilitar la conformación de grandes enclaves privados controlados por capitales extranjeros. “Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino”, sostuvo.
El jefe comunal planteó que el debate no se reduce al valor de venta de los terrenos, sino que involucra el control sobre los bienes existentes en ellos. En ese sentido, mencionó las reservas de litio, cobre, oro, plata y uranio, además del petróleo, el gas, el agua dulce y las superficies destinadas a la producción agropecuaria.
“No se trata ya de entregar a precio vil o vender al mejor postor patrimonio nacional: se trata de regalar nuestros recursos y transformar en propiedades privadas grandes porciones del territorio”, advirtió.
Espinoza consideró que la mayoría de los países adoptan regulaciones para proteger sus fronteras y recursos estratégicos, mientras que el Gobierno argentino busca eliminar los mecanismos de control. “Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras, lo mismo que ocurre con nuestros recursos en Malvinas pasará con todos nuestros recursos”, expresó.
Randazzo reclamó desarrollo con soberanía
El intendente de General La Madrid, Martín Randazzo, también manifestó su oposición a cualquier modificación que permita un avance desigual de capitales extranjeros sobre el territorio nacional.
El jefe comunal sostuvo que el desarrollo económico debe permanecer asociado a la soberanía, la independencia y el sentido de pertenencia. Desde esa perspectiva, rechazó que la búsqueda de inversiones implique abandonar las herramientas públicas destinadas a proteger la tierra y los recursos del país.
Randazzo incorporó al debate la situación de los municipios rurales, que afrontan una caída de los recursos nacionales mientras sostienen servicios vinculados con caminos, escuelas, cooperativas eléctricas, seguridad rural y atención sanitaria.
Su planteo introdujo otra dimensión de la discusión: la defensa de la producción local y de los pueblos del interior frente a decisiones nacionales que podrían modificar la estructura de propiedad de los territorios sin fortalecer previamente a quienes viven y producen en ellos.
Una discusión que excede la propiedad privada
El Gobierno presentó la iniciativa como un instrumento destinado a consolidar la seguridad jurídica y garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. Sus detractores, en cambio, sostienen que bajo esa denominación se agrupan reformas que afectan cuestiones mucho más amplias: desde los desalojos y las expropiaciones hasta la protección ambiental y el control de tierras rurales.
El eje político de la disputa quedó así desplazado del derecho individual de propiedad hacia una pregunta de alcance nacional: quiénes podrán adquirir y controlar las tierras donde se encuentran el agua, los minerales, la energía y buena parte de la capacidad productiva argentina.
Con una movilización convocada frente al Congreso y un escenario parlamentario todavía abierto, el debate del jueves 6 de agosto aparece como una pulseada decisiva entre dos concepciones: la desregulación del mercado de tierras promovida por el Ejecutivo y la defensa de límites estatales para evitar la concentración y extranjerización del territorio nacional.