Federación Agraria alertó por el impacto de eliminar la Ley de Arrendamientos Rurales

La Federación Agraria Argentina manifestó su preocupación ante la intención del Gobierno nacional de avanzar con la derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales, incluida dentro del proyecto de desregulación que prepara el Ejecutivo.

La normativa, sancionada en 1948, establece las condiciones para el alquiler de campos destinados a la producción agropecuaria. Desde la entidad sostienen que su eliminación agravaría la desigualdad entre quienes trabajan la tierra y las grandes empresas que concentran su propiedad.

“No es una ley vieja que no sirve para nada, es la ley que nos permite seguir trabajando”, afirmó el vicepresidente de la Federación Agraria, José Volando, quien advirtió que la medida pondría en riesgo la continuidad de numerosos productores pequeños y medianos.

Una negociación entre actores desiguales

Volando explicó que una importante cantidad de productores desarrolla su actividad sobre superficies arrendadas y necesita alquilar hectáreas para sostener escalas productivas viables.

Como ejemplo, mencionó el caso de un tambero que posee 60 hectáreas, pero necesita trabajar alrededor de 200. Sin una regulación específica, señaló, deberá negociar directamente con empresas que pueden ser propietarias de hasta 200.000 hectáreas y cuentan con una capacidad económica considerablemente superior.

“Los dos estamos en el campo, pero somos como el elefante y la hormiga en la selva. La hormiga le va a decir: ‘No me pises porque no voy a existir’”, graficó el dirigente para dimensionar la disparidad entre las partes.

En ese escenario, consideró indispensable mantener una legislación que establezca límites y garantías, porque una negociación librada únicamente a la voluntad de los propietarios permitiría que las compañías impongan precios, plazos y condiciones contractuales.

La extranjerización de las tierras

El dirigente también vinculó la posible eliminación de la Ley de Arrendamientos Rurales con las modificaciones a la Ley de Tierras que serán debatidas en el Congreso. Según advirtió, los cambios permitirían ampliar la proporción del territorio que puede quedar en manos de empresas o inversores extranjeros.

Volando rechazó el argumento de que una mayor apertura genere automáticamente nuevas inversiones. Para el dirigente, la combinación entre extranjerización y desregulación de los arrendamientos configura una amenaza directa para quienes actualmente producen en el país.

“Ya es una cuestión existencial. No tiene que ver con estar de acuerdo con el Gobierno ni con ser de derecha o de izquierda”, sostuvo.

También cuestionó la eventual eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras ubicadas en zonas fronterizas y alertó sobre el peligro de que estas operaciones sean utilizadas para el lavado de activos. En ese sentido, reclamó controles estatales que protejan tanto el territorio como la actividad de los productores nacionales.

“Matar a la gallina de los huevos de oro”

El vicepresidente de la Federación Agraria diferenció la posición de los pequeños productores de la sostenida por sectores vinculados con los grandes propietarios rurales. Según planteó, quienes poseen extensiones importantes podrían verse beneficiados por el ingreso de compradores extranjeros dispuestos a pagar valores más elevados.

Frente a ese panorama, defendió la capacidad productiva del sector y aseguró que el país ya cuenta con trabajadores rurales eficientes y competitivos internacionalmente.

“Lo que sobran acá son productores que están trabajando el campo”, afirmó Volando, y concluyó que avanzar con estas reformas equivaldría a “matar a la gallina de los huevos de oro”.