PBA rechazó el control nacional sobre el paro docente

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó la intención de la administración nacional de fiscalizar el cumplimiento de las prestaciones mínimas durante el paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida de fuerza se realizó en reclamo de aumentos salariales y ante la “permanente negativa” del Gobierno de Javier Milei a convocar una mesa paritaria nacional. Frente a la protesta, el Ministerio de Capital Humano anunció que controlaría el funcionamiento de las escuelas y advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones.

“Si no cumplen el 75% de presentismo, habrá sanciones”, anticipó el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El funcionario también señaló que, ante incumplimientos reiterados, CTERA podría perder su personería gremial.

La respuesta de la Provincia

Ante las advertencias, el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para exigir que se abstenga de solicitar información destinada a verificar el cumplimiento de los denominados “pisos de prestación mínima”.

La cartera conducida por Walter Correa también reclamó que el organismo nacional se abstenga de realizar “cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público” correspondiente a la jurisdicción provincial.

En paralelo, el Gobierno bonaerense instruyó a inspectores y autoridades de los establecimientos educativos para que no proporcionen información sobre el nivel de adhesión al paro ante eventuales requerimientos de organismos nacionales.

Una disputa por las competencias

La Provincia fundamentó su posición en la autonomía de las jurisdicciones para administrar y controlar a sus trabajadores. Según expresó la cartera laboral en una circular oficial, una dependencia administrativa nacional no puede ejercer facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias.

“El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente”, sostuvo el documento.

Para el Ministerio de Trabajo bonaerense, el pedido de informes sobre personal provincial constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”. Por ese motivo, dispuso que cualquier solicitud proveniente de la Secretaría de Trabajo nacional sea respondida señalando la falta de competencia del organismo para intervenir sobre el empleo público bonaerense.