Fondos educativos, propaganda oficial y una exfuncionaria detenida: la crisis que sacude a Morón

La gestión de Lucas Ghi atraviesa una creciente crisis política en Morón. En pocos días, el Ejecutivo quedó en el centro de denuncias por el retiro de trabajadores del Consejo Escolar, la salida de su presidenta de un cargo municipal y la impresión de medio millón de folletos institucionales con el nombre del intendente. Al mismo tiempo, una investigación por comercialización de estupefacientes que alcanzó a una exfuncionaria volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro de la administración comunal.

Los episodios también profundizaron las diferencias entre el jefe comunal y sectores de Nuevo Encuentro, la fuerza referenciada en Martín Sabbatella que forma parte del oficialismo local. Las tensiones, hasta hace poco contenidas dentro de la coalición gobernante, comenzaron a trasladarse al Consejo Escolar y al Concejo Deliberante.

Siete trabajadores fuera del Consejo Escolar

El conflicto educativo se agravó cuando el Municipio retiró del Consejo Escolar a siete empleados que dependían administrativamente de la comuna, pero cumplían funciones dentro del organismo mediante un convenio de colaboración.

Los agentes, algunos con más de veinte años de experiencia, fueron reasignados en dependencias como Monitoreo e Ingresos Públicos. La decisión afectó áreas vinculadas con infraestructura escolar, cooperadoras, contratistas y proveedores, sin que se estableciera previamente un esquema de transición.

“Debido a una decisión del intendente Lucas Ghi, el Consejo Escolar de Morón se encuentra imposibilitado de responder, por el momento, a los reclamos vinculados a infraestructura escolar, cooperadoras, contratistas y proveedores”, denunció su presidenta, Mabel Mesa.

El traslado simultáneo debilitó especialmente la Comisión de Infraestructura Escolar, encargada de relevar edificios, detectar emergencias y realizar el seguimiento de obras y reparaciones. La medida se conoció mientras distintas comunidades educativas reclaman soluciones por problemas de calefacción, filtraciones, instalaciones eléctricas y mantenimiento.

La controversia también alcanzó al Fondo Educativo. Mesa sostuvo que Morón recibió alrededor de $6.700 millones durante 2025 y cuestionó que, pese a contar con esos recursos, el Consejo Escolar haya quedado sin parte del personal necesario para canalizar las necesidades de los establecimientos.

La salida de Mabel Mesa y dos versiones diferentes

El retiro de los trabajadores ocurrió después de que Mesa fuera apartada de su cargo municipal como asesora en Infraestructura Educativa. El Decreto 1468/2026, firmado el 24 de julio por Ghi y otros funcionarios de su gabinete, dispuso su cese con efecto retroactivo al 1º de julio y lo justificó por “razones de servicio”.

Sin embargo, una carta documento enviada a la dirigente le comunicó que debía abandonar sus funciones para acogerse al beneficio jubilatorio contemplado por la legislación provincial. Esa diferencia entre ambos documentos abrió cuestionamientos sobre los motivos y las condiciones de su salida.

Desde el Ejecutivo se señaló que Mesa había decidido jubilarse voluntariamente. La presidenta del Consejo Escolar rechazó esa interpretación y vinculó su desplazamiento con los reclamos que venía realizando por el destino de los fondos educativos.

Mesa integra Nuevo Encuentro y su enfrentamiento con Ghi dejó al descubierto una disputa dentro del propio oficialismo. El conflicto excedió así la situación laboral de la dirigente y pasó a involucrar el manejo de recursos, la autonomía del Consejo Escolar y el control de la infraestructura educativa.

Medio millón de folletos bajo cuestionamiento

Otro frente se abrió por la impresión, con fondos municipales, de 500 mil folletos a color destinados a difundir obras y proyectos de la administración local.

El material lleva el título “Lo que falta, lo que sigue”, el sello de la Municipalidad de Morón y la inscripción “Intendente Lucas Ghi”. La aparición del nombre del jefe comunal fue cuestionada porque una ordenanza local prohíbe personalizar la publicidad institucional con nombres o imágenes de funcionarios.

Entre los proyectos incluidos figuran planes de viviendas señalados como paralizados, un centro de salud inaugurado cuyo funcionamiento fue cuestionado y la futura construcción de un espacio para personas mayores en el predio de la ex Arenil.

Sobre este último proyecto también surgieron interrogantes por las conversaciones que el Municipio habría mantenido con desarrolladores privados. La posibilidad analizada sería autorizar emprendimientos inmobiliarios mediante excepciones urbanísticas a cambio de financiar la construcción del centro sociosanitario. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las condiciones de esos eventuales acuerdos.

Una causa por drogas que golpeó al gabinete

La crisis política se había profundizado previamente con la investigación contra Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón.

La exfuncionaria fue detenida en la localidad de Libertad, partido de Merlo, luego de permanecer prófuga desde mayo. Está investigada en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Su pareja, Ángel Daniel Paz, continuaba siendo buscada por la Justicia.

La investigación se inició tras una denuncia sobre presuntos puntos de venta de drogas en Castelar Sur. Durante los procedimientos fueron secuestrados cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero, documentación y sellos vinculados con la función municipal de Ortigoza. En otro domicilio se encontró, además, un arma de fuego.

Ghi dispuso su baja como directora el 22 de mayo, cuando se conoció la orden de captura, y ordenó la apertura de un sumario administrativo. El caso derivó en un pedido de interpelación en el Concejo Deliberante, pero el intendente no concurrió y envió en su lugar al secretario de Seguridad, Damián Cardoso.

La decisión fue cuestionada por la oposición y acompañada por sectores cercanos a Sabbatella, otra señal de la fractura política dentro del frente gobernante.

Una gestión con varios frentes abiertos

La sucesión de conflictos encuentra a Ghi con una imagen pública deteriorada. Una encuesta de CB Consultora Opinión Pública realizada en junio entre 666 vecinos le atribuyó un 55,1% de valoración negativa y un 39,7% positiva. Con un diferencial de 15,4 puntos en contra, quedó en el puesto 22 entre 24 intendentes relevados del Gran Buenos Aires.

El desmantelamiento denunciado en el Consejo Escolar, las diferencias por el Fondo Educativo, los cuestionamientos a la publicidad oficial y el impacto institucional de la causa Ortigoza conforman un escenario complejo para el gobierno municipal.