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Abad pidió declarar la emergencia pesquera nacional por 180 días
16:50 | El senador presentó un proyecto de ley para asistir a la pesca fresquera ante la pérdida de rentabilidad, el aumento de los costos y la caída del valor agregado. La iniciativa contempla beneficios impositivos, incentivos crediticios y medidas para proteger miles de puestos de trabajo.
El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia de la pesca fresquera en todo el territorio argentino durante 180 días, con posibilidad de prórroga. La iniciativa busca aliviar la estructura de costos, recuperar competitividad y sostener el empleo en las ciudades portuarias.
El proyecto, identificado con el número 1256/26, plantea una serie de medidas fiscales y crediticias ante la situación de quebranto que, según advirtió el legislador, atraviesa la actividad.
“Estamos frente a una situación crítica. Esto pone en riesgo miles de puestos de trabajo, empresas familiares, plantas de procesamiento y toda una cadena productiva vinculada a la pesca”, sostuvo Abad.
El senador marplatense señaló que la pesca fresquera no representa solamente una actividad económica, sino también un modelo productivo que genera valor agregado y arraigo territorial. Su funcionamiento sostiene empleos en los puertos, las plantas procesadoras, el transporte, los talleres navales y otros servicios asociados.
Rentabilidad negativa y fuerte suba de los costos
De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, un buque fresquero promedio registraba en 2018 una rentabilidad cercana al 20%. Actualmente, en cambio, sus márgenes operativos serían negativos y oscilarían entre el 21% y el 30%.
Entre los factores que explican ese deterioro, el proyecto menciona una suba del combustible cercana al 86%, el crecimiento de la incidencia de los costos laborales sobre la facturación —que pasaron del 32% al 54%— y el encarecimiento de las tareas de descarga.
También advierte sobre el peso de la estructura administrativa que enfrenta el sector. Según la información aportada por las cámaras pesqueras, cada buque debe completar más de 143 trámites por marea.
“El sector está siendo ignorado. No se trata de un reclamo coyuntural, sino de una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial”, afirmó Abad.
El impacto sobre el empleo en tierra
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la incidencia de la pesca fresquera en la generación de trabajo. A diferencia de la flota congeladora, que realiza buena parte del procesamiento en alta mar, los buques fresqueros necesitan descargar rápidamente su producción para que sea procesada en tierra.
Según los datos incluidos en el proyecto, por cada puesto laboral directo a bordo de un buque fresquero se generan entre cuatro y cinco empleos indirectos en actividades como estiba, fileteado, transporte, mantenimiento y prestación de servicios.
En todo el país, la actividad pesquera emplea a unas 46.000 personas de manera directa y a más de 100.000 en forma indirecta.
Menos procesamiento y valor agregado nacional
La propuesta también alerta sobre la caída del procesamiento dentro del país. Mientras años atrás el valor agregado nacional representaba aproximadamente el 50% de las exportaciones pesqueras, actualmente esa participación se habría reducido al 15%.
Para Abad, esta situación favorece el traslado de las etapas de industrialización y generación de empleo hacia otros países.
“Mientras los principales países pesqueros del mundo fortalecen la industrialización y el agregado de valor, en Argentina estamos empujando al sector hacia un esquema que genera menos empleo y menos desarrollo para nuestras comunidades costeras”, cuestionó.
La pesca constituye el quinto complejo exportador argentino. En 2024 registró ventas externas por 1.981 millones de dólares, según los datos consignados en la iniciativa.
Beneficios impositivos e incentivos crediticios
El proyecto propone eliminar transitoriamente los derechos de exportación y eximir del IVA al gasoil utilizado por la flota fresquera. También contempla reducir el Derecho Único de Extracción, suspender la creación de nuevos tributos específicos y habilitar incentivos fiscales y crediticios.
Esas herramientas estarían destinadas a promover inversiones, incorporar innovación tecnológica y avanzar en la renovación de la flota.
“La pesca fresquera no pide privilegios. Pide condiciones para seguir produciendo, exportando y generando trabajo argentino. Defenderla es defender miles de familias, el valor agregado nacional y el futuro de nuestras ciudades portuarias”, concluyó Abad.
