Máximo Kirchner presentó un proyecto para limitar el endeudamiento y reforzar el control del Congreso

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley destinado a establecer un nuevo marco de “defensa de la posición argentina frente a los organismos financieros internacionales”, con límites al endeudamiento externo y mayores controles del Congreso sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

La iniciativa fue impulsada este lunes, en coincidencia con la llegada al país de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y plantea que ninguna operación de crédito con organismos financieros internacionales pueda ser aprobada mediante decretos de necesidad y urgencia o facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

El proyecto también propone fijar un techo legal para la deuda pública externa, ampliar las facultades de una comisión bicameral permanente y ordenar al Gobierno nacional que impulse una discusión dentro del propio Fondo sobre las condiciones del acuerdo firmado en 2018.

La propuesta lleva, además, las firmas de los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.

Una respuesta política durante la visita del FMI

La presentación se produjo después de que sectores vinculados al kirchnerismo proyectaran durante el domingo la consigna “Fuera FMI de Argentina” frente al edificio de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Con la iniciativa parlamentaria, Máximo Kirchner buscó trasladar esa discusión al Congreso y colocar nuevamente en debate las condiciones del endeudamiento externo y las responsabilidades del organismo internacional en el acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según explicaron los impulsores, el proyecto busca recuperar para el Poder Legislativo la capacidad de decidir sobre cualquier nueva operación de crédito internacional y evitar que este tipo de acuerdos sean definidos exclusivamente por el Ejecutivo.

“La propuesta busca para la Argentina orden, previsibilidad y mayor control democrático”, señalaron desde el espacio que conduce el diputado nacional.

El cuestionamiento al acuerdo de 2018

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa es la denominada doctrina de corresponsabilidad entre acreedor y deudor. Bajo ese principio, el proyecto sostiene que las consecuencias de un programa económico fallido no deberían recaer únicamente sobre el país que recibió el préstamo.

Kirchner responsabilizó tanto al FMI como a las autoridades argentinas que firmaron el acuerdo de 2018 por la actual situación de endeudamiento del país.

El legislador sostuvo que el organismo no aplicó los mecanismos previstos para controlar la fuga de capitales y que el crédito fue aprobado por el gobierno de Mauricio Macri sin cumplir procedimientos institucionales esenciales.

Como respaldo de esa posición, mencionó informes elaborados por la Oficina de Evaluación Independiente del propio FMI y por la Auditoría General de la Nación.

En ese sentido, el proyecto distingue entre la cuota que la Argentina debe pagar como miembro del organismo y lo que denomina “excedente político”, correspondiente al volumen extraordinario del préstamo otorgado en 2018.

Según los cálculos difundidos por Kirchner, la deuda argentina con el Fondo equivale a 13 veces la cuota correspondiente al país. Por ese motivo, la iniciativa propone discutir un tramo estimado entre 30.000 y 37.800 millones de dólares.

Un plan de pagos vinculado al crecimiento

El texto plantea que ese excedente debe ser renegociado mediante un esquema sostenible, vinculado al crecimiento económico de la Argentina y sin trasladar el costo del ajuste sobre los ingresos de la población.

La iniciativa sostiene que será necesario redefinir tanto el monto que corresponde pagar como los plazos del programa, priorizando el equilibrio social y la capacidad real de pago del país.

Kirchner afirmó que el objetivo es “ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de los argentinos”.

Desde el bloque de Unión por la Patria agregaron que la situación requiere decisiones tanto en el ámbito local como internacional y un compromiso conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Reforma del funcionamiento del FMI

El proyecto también instruye al Poder Ejecutivo a impulsar una reforma del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.

Entre los cambios propuestos aparece la aplicación obligatoria del artículo VI del estatuto del organismo cuando existan procesos de fuga de capitales.

Además, propone crear una denominada Facilidad de Recuperación Soberana para aquellos países que enfrenten niveles extraordinarios de exposición frente al Fondo.

El texto incorpora también excepciones a las reglas uniformes de recompra y un principio de corresponsabilidad institucional para el Directorio del organismo.

La intención es que el FMI también asuma responsabilidades cuando un programa incumpla sus propios estándares técnicos, institucionales o de gobernanza.

Todos los acuerdos deberán pasar por el Congreso

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales deberá contar con la aprobación de una ley del Congreso.

La iniciativa prohíbe expresamente que estos acuerdos sean autorizados mediante decretos de necesidad y urgencia o decretos dictados a partir de facultades delegadas.

Antes del tratamiento parlamentario, el Poder Ejecutivo tendrá que presentar un expediente técnico completo y de acceso público, con información sobre los montos, condiciones, plazos, objetivos y efectos fiscales y sociales de la operación.

El texto busca reforzar lo establecido por la Ley 27.612, sancionada en 2021, que ya determinó la intervención del Congreso en los acuerdos con el FMI.

Más facultades para una comisión bicameral

El proyecto crea o fortalece una comisión bicameral permanente encargada de controlar los programas suscriptos con organismos financieros internacionales.

El organismo parlamentario podrá acceder a información reservada, seguir el cumplimiento de los acuerdos vigentes y solicitar auditorías a la Auditoría General de la Nación.

También tendrá facultades para analizar las consecuencias fiscales, económicas y sociales de los programas de financiamiento.

De esta manera, el Congreso no solo deberá aprobar los nuevos préstamos, sino que también podrá controlar su ejecución y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Un techo para la deuda externa

La iniciativa incorpora una regla fiscal permanente que fija como límite para la deuda pública externa el equivalente al 200% del promedio de las exportaciones argentinas de los últimos tres años.

El límite solamente podrá ser superado bajo determinadas circunstancias y mediante una mayoría especial del Congreso.

Para los autores, vincular la deuda con el nivel de exportaciones permitiría establecer un indicador relacionado con la disponibilidad efectiva de divisas y la capacidad real del país para cumplir con sus compromisos.

El proyecto también reconoce la regulación de los movimientos de capitales como una herramienta permanente de política económica y no solamente como una medida excepcional frente a una crisis.

El programa vigente también deberá ser revisado

Entre sus disposiciones transitorias, la iniciativa establece que el Congreso deberá ratificar o rechazar el programa vigente con el FMI dentro de los 90 días posteriores a la eventual sanción de la ley.

El planteo alcanza al acuerdo autorizado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025.

Además, se propone una mayoría agravada para modificar en el futuro los principales artículos de la norma, con el objetivo de impedir que los límites al endeudamiento puedan ser alterados mediante mayorías parlamentarias simples.

Con la presentación, el kirchnerismo busca instalar una discusión sobre el control democrático de la deuda externa, revisar las condiciones del programa firmado con el FMI y limitar la posibilidad de que futuros gobiernos adopten nuevos compromisos financieros sin autorización parlamentaria.