Repartidores y choferes presionan para que avance la Ley Uber

El proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof para regular el trabajo mediante aplicaciones digitales comenzó a sumar respaldos antes de su tratamiento en la Legislatura bonaerense. Representantes de repartidores y choferes apoyaron los principales lineamientos de la iniciativa y advirtieron que miles de trabajadores permanecen expuestos a condiciones de precariedad y sin derechos básicos.

Referentes de la Agrupación de Repartidores y de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA) coincidieron en la necesidad de avanzar con un marco normativo para las plataformas de delivery y transporte. Además, reclamaron ser convocados cuando el proyecto comience a discutirse en las comisiones de la Cámara de Diputados provincial.

La denominada “Ley Uber” alcanza tanto a empresas de reparto, como Rappi y PedidosYa, como a plataformas dedicadas al traslado de pasajeros, entre ellas Uber, DiDi y Cabify. La propuesta forma parte del paquete de iniciativas enviado este año por el Ejecutivo bonaerense y se presenta como una de las discusiones más sensibles de la agenda laboral.

“Vos ponés todo y ellos solo te dan el pedido”

Nahuel Salguero, integrante de la Agrupación de Repartidores y miembro de la comisión directiva de la cooperativa platense Mi Ciudad, describió la situación del sector como de “total desprotección”.

“Estamos desprotegidos, no tenemos derechos laborales y está todo en el aire. Queremos que la aplicación se haga cargo de los trabajadores, porque si tenés un accidente o se te rompe el celular o la moto, el arreglo corre por nuestra cuenta. Vos ponés todo y ellos solo te dan el pedido”, cuestionó.

Salguero también denunció que los trabajadores de algunas aplicaciones no reciben las bonificaciones correspondientes durante los días de lluvia y perciben alrededor de $2.000 por envío, sin que se contemple el peso de la mercadería transportada.

“No entra en consideración si llevás un kilo o veinte kilos, y esto también trae problemas de salud”, señaló.

El referente rechazó, además, el argumento de que una regulación podría provocar la pérdida de puestos de trabajo o la salida de las empresas del país. Según afirmó, si una plataforma decidiera retirarse, su lugar sería ocupado por otro actor interesado en el negocio.

“La regulación de las aplicaciones la tiene que hacer el Estado y los trabajadores tenemos que ser parte de esta discusión. Le diría a los legisladores bonaerenses que nos escuchen, porque conocemos las problemáticas del día a día. Queremos que el foco esté puesto en el trabajador”, sostuvo.

Choferes reclaman seguros, obra social e ingresos mínimos

Desde ACCAURA también respaldaron la iniciativa, aunque remarcaron que la futura normativa deberá garantizar la participación directa de quienes trabajan detrás del volante.

El presidente de la asociación, Pablo León, consideró prioritario reconocer el derecho a la sindicalización, incorporar a los choferes en las mesas de discusión y analizar los costos operativos para establecer una base mínima de ingresos mensuales.

Si bien la entidad acepta que se mantenga la figura del “trabajador independiente”, León destacó los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incorporados al proyecto. Ese enfoque reconoce derechos para quienes prestan servicios mediante plataformas, más allá de la denominación contractual utilizada por los gobiernos o las empresas.

“Necesitamos que se nos reconozcan derechos básicos. Así podremos avanzar en convenios colectivos, sindicalizarnos, asociarnos, tener seguros de riesgo, acceso a obras sociales, cobertura ante enfermedades y una rentabilidad mínima asegurada”, enumeró.

El dirigente insistió en que las organizaciones del sector deben participar del tratamiento parlamentario: “Nosotros somos la parte interesada y sufrimos los efectos de las leyes”.

Qué propone la denominada “Ley Uber”

El proyecto presentado por Kicillof en junio crea el “Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales”. Su objetivo es establecer políticas de protección, asistencia, información y fiscalización para las personas que realizan tareas organizadas o intermediadas por aplicaciones.

La iniciativa evita definir de manera cerrada el tipo de relación contractual y alcanza a trabajadores empleados o contratados bajo cualquier figura jurídica, siempre que desarrollen la actividad dentro del territorio bonaerense.

El texto define como plataforma de trabajo a toda forma de organización que, mediante sistemas digitales o automatizados, promueva, facilite o dirija una tarea humana destinada a prestar un servicio.

Uno de sus puntos centrales es la creación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa. La inscripción será obligatoria para las empresas, mientras que los trabajadores podrán registrarse mediante una aplicación móvil desarrollada por el Ejecutivo.

Esa herramienta buscará facilitar el acceso a servicios de seguridad, emergencias y otros beneficios vinculados con la actividad. Desde la Provincia señalaron que la medida responde a los accidentes viales, los hechos de inseguridad y las diferentes situaciones de riesgo que afrontan repartidores y choferes durante sus jornadas.

Las empresas también deberán informar la cantidad de personas activas, la situación contractual de cada trabajador, las condiciones del vínculo, la duración promedio de las prestaciones, las horas semanales realizadas y los ingresos medios.

El debate regulatorio tuvo recientemente un antecedente en General Pueyrredón, donde el Concejo Deliberante aprobó la habilitación de las aplicaciones de transporte para operar en Mar del Plata. La decisión representó un primer avance municipal en línea con la normativa marco promovida por el Gobierno bonaerense.