La Provincia responsabilizó a Nación por el aumento del costo de las licencias profesionales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a responder las críticas por el fuerte incremento en el costo de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales para transporte interjurisdiccional y atribuyó la responsabilidad al Gobierno nacional. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense afirmaron que tanto las condiciones para obtener o renovar las licencias como el esquema de prestadores y los costos fueron establecidos por la Nación.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Martín Marinucci explicó que el nuevo régimen surge de las modificaciones introducidas por el Decreto 196/2025 y de la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), por lo que la Provincia "no definió las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias".

La aclaración llegó luego de que distintos sectores cuestionaran el fuerte incremento que experimentó el trámite tras la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Con el nuevo esquema, el costo para obtener o renovar una licencia profesional pasó de unos 22.000 pesos a rondar los 300.000 pesos, ya que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y los exámenes deben realizarse ante prestadores privados habilitados.

Entre los dirigentes que apuntaron contra la administración bonaerense se encuentra el exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, quien responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por el aumento de los costos y calificó el nuevo sistema como "un curro de Kicillof y Moyano". Además, sostuvo que el trámite solo puede realizarse en una sede del sindicato de Camioneros y presentó un proyecto de ley para restablecer el esquema anterior.

Frente a esas acusaciones, el Ministerio recordó que la provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y que únicamente cumple las funciones delegadas por el Estado nacional para la emisión de las licencias profesionales interjurisdiccionales.

En ese sentido, explicó que fue la Nación la que dispuso que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y los exámenes teóricos y prácticos sean realizados exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que además regula el funcionamiento del sistema.

Desde la cartera provincial también señalaron que el nuevo régimen no contempla una tarifa nacional de referencia para estas prestaciones, por lo que cada prestador privado fija sus propios valores sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales.

"Resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones", sostuvieron desde el Ministerio, al remarcar que esos aspectos son definidos por la normativa y la autoridad nacional competente.

Cambios tras la eliminación de la LiNTI

La reforma impulsada por el Gobierno nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como credencial independiente e incorporó esa habilitación a las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de las categorías C, D y E.

Desde entonces, quienes realizan transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias deben completar las evaluaciones, capacitaciones y exámenes ante prestadores privados habilitados por la ANSV y, una vez aprobadas esas instancias, finalizar el trámite en el centro de emisión de licencias correspondiente.

Prórroga por las dificultades en la implementación

En el mismo comunicado, el Ministerio de Transporte bonaerense defendió la decisión de prorrogar por 60 días corridos los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales emitidas en la provincia que operen entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026.

Según explicó, la medida busca dar respuesta a las dificultades registradas durante la implementación del nuevo sistema y a la escasa cantidad de prestadores habilitados en distintas regiones bonaerenses, permitiendo que los conductores puedan completar los nuevos requisitos sin quedar impedidos de continuar con su actividad laboral.

Finalmente, el Gobierno bonaerense manifestó su preocupación por el funcionamiento del esquema dispuesto por la Nación al considerar que deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia fijada por el Estado nacional, una situación que, advirtió, puede generar importantes diferencias de costos y limitar el acceso al trámite según la región.