El gobernador bonaerense Axel Kicillof promulgó la Ley 15.615, que crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres o Restos Cadavéricos No Identificados, una herramienta destinada a centralizar información genética para avanzar en la identificación de personas fallecidas y aportar respuestas a familias que desconocen el destino de sus seres queridos.
El nuevo registro dependerá del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y tendrá como objetivo recopilar, conservar y organizar perfiles genéticos obtenidos de cuerpos o restos humanos que aún no pudieron ser identificados.
La iniciativa fue impulsada en la Legislatura bonaerense por los diputados del peronismo Rubén Eslaiman, del Frente Renovador, y Facundo Tignanelli, de La Cámpora. Según establece la norma, la concentración de la información en una única institución permitirá agilizar los procesos de reconocimiento y contribuir al esclarecimiento de casos vinculados con personas desaparecidas.
Además, la ley dispone la incorporación de perfiles genéticos provenientes de causas penales tramitadas en territorio bonaerense, especialmente aquellas relacionadas con delitos contra la vida, la libertad, la identidad y la integridad sexual.
Desde el oficialismo provincial destacaron que Buenos Aires se convierte en una de las primeras jurisdicciones en implementar una herramienta de estas características, tomando como referencia la experiencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, creado a partir de la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
Ese organismo, que cuenta con miles de registros y permitió restituir identidades a nietos recuperados, se transformó en un modelo internacional para la utilización de la genética en procesos de reparación y búsqueda de identidad.
“Es fundamental recordar que detrás de cada uno de estos casos hay familias que sufren la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos”, sostuvo el diputado Rubén Eslaiman al destacar la importancia de la nueva normativa.
El registro funcionará bajo estricta supervisión judicial y buscará convertirse en una herramienta clave para acelerar investigaciones, aportar certezas a familias en espera y fortalecer las políticas públicas vinculadas con el derecho a la identidad.