La propuesta, impulsada por los diputados Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo, plantea que la emergencia permita abordar los problemas de cobertura denunciados por afiliados en diferentes distritos, el deterioro de la situación financiera del organismo, la deuda con prestadores y las dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales.
Entre las medidas previstas, el proyecto contempla la prohibición de cobros indebidos a los afiliados, el refuerzo de la atención en regiones con menor disponibilidad de servicios y la elaboración de mecanismos para asegurar la continuidad de prácticas médicas consideradas prioritarias.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es garantizar la autarquía económica y financiera del IOMA. En ese sentido, establece que los aportes realizados por los afiliados y las contribuciones del Estado provincial deberán ser girados directamente a la obra social y no podrán permanecer bajo administración de otras áreas del Poder Ejecutivo bonaerense.
Además, el texto propone aplicar intereses ante eventuales demoras en la transferencia de fondos, con el objetivo de evitar desfinanciamientos que afecten el normal funcionamiento del organismo.
El proyecto también propone modificaciones en el régimen de afiliación del IOMA. Entre ellas, plantea que legisladores, jueces y las máximas autoridades del Ministerio Público formen parte obligatoriamente de la obra social, con aportes bajo las mismas condiciones que el resto de los afiliados.
Para los autores de la iniciativa, esta medida apunta a reforzar el carácter solidario del sistema y garantizar una mayor igualdad entre quienes integran la obra social estatal.
Otro eje de la propuesta es una reforma integral del Directorio del IOMA. El FIT-U plantea ampliar su integración a 24 representantes elegidos mediante voto directo, universal y secreto por los afiliados, con representación de los distintos sectores que forman parte del Estado bonaerense.
Según el proyecto, el Gobierno provincial mantendría un representante con funciones de coordinación administrativa, mientras que debería convocar a elecciones internas dentro de los 60 días posteriores a la sanción de la eventual ley.
La iniciativa también establece la realización de un relevamiento completo de la deuda del IOMA con prestadores individuales e instituciones de salud, junto con la elaboración de un plan de regularización que priorice a los trabajadores y afiliados afectados por las demoras.
Desde el bloque de izquierda señalaron que la salida a la crisis del organismo requiere fortalecer su autonomía, transparentar la administración de los recursos y ampliar la participación directa de los afiliados en la conducción.