La Municipalidad de La Plata solicitó el apartamiento del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la UFI N°16, en la investigación por los loteos ilegales detectados en la ciudad.
El pedido fue presentado ante la jueza de Garantías N°5, Marcela Garmendia, por la secretaria de Justicia y apoderada legal del Municipio, Marina Mongiardino.
La causa investiga a grupos inmobiliarios y a exfuncionarios de la gestión anterior por el desarrollo y la comercialización de más de 430 loteos irregulares.
Cuestionan una demora de 21 meses
En la presentación, la Comuna sostuvo que transcurrieron casi 21 meses desde la denuncia original sin que el fiscal dictara un auto de mérito.
Según el Municipio, desde hace más de un año la fiscalía cuenta con pruebas patrimoniales, bancarias, documentales y periciales. Por eso argumentaron que la demora no responde a la complejidad del expediente, sino a una "falta de impulso injustificada".
Además, cuestionaron que Condomí Alcorta impulsó en un primer momento medidas como el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal de los investigados, pero que, una vez obtenida esa información, no avanzó con nuevas decisiones procesales.
Fallo de Garmendia y freno a 10 loteos
La recusación fue presentada pocos días después de que la jueza Garmendia ordenara frenar diez loteos ilegales denunciados por la Municipalidad.
En esa resolución, la magistrada dispuso el cese de las obras, los movimientos de suelo y la apertura de calles en esos emprendimientos. También cuestionó con dureza el accionar de la fiscalía.
La causa: estafa y desobediencia
Las causas se iniciaron a partir de una denuncia presentada por el gobierno de Julio Alak en octubre de 2024. En esa presentación se pidió investigar presuntos delitos de estafa, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de exfuncionarios municipales y grupos inmobiliarios.
Posteriormente, en enero de este año, la Comuna amplió la denuncia por la continuidad de la comercialización de terrenos irregulares, incorporando además el presunto delito de desobediencia.
Desde el Municipio remarcaron que el objetivo es avanzar con la investigación para frenar la venta de lotes que no cumplen con la normativa urbanística vigente.