iniciativas legislativas
Provincia
usos tecnológicos
Kicillof reguló el uso de inteligencia artificial en la administración pública bonaerense
13:39 | A través del Decreto 742/2026, la Provincia estableció controles previos, supervisión humana y evaluaciones de riesgo para desarrollar, contratar o implementar sistemas de IA en organismos estatales.
El Gobierno de Axel Kicillof reglamentó el uso de la inteligencia artificial en la administración pública bonaerense y estableció una serie de condiciones obligatorias para la incorporación de estas tecnologías. La medida fue formalizada mediante el Decreto 742/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La normativa alcanza al desarrollo, la contratación y la implementación de herramientas de IA en organismos provinciales. Según lo dispuesto, cada proyecto deberá contar con la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital antes de entrar en funcionamiento.
El objetivo declarado es utilizar estas tecnologías para mejorar la eficiencia, la calidad y la transparencia de los servicios públicos. Sin embargo, el decreto establece que su aplicación deberá realizarse de manera ética, segura y responsable, con especial atención a la protección de los derechos de la ciudadanía.
Supervisión humana y protección de datos
El nuevo marco incorpora once principios rectores que deberán cumplir todas las dependencias alcanzadas. Entre ellos se encuentran la centralidad de las personas, el respeto por los derechos fundamentales, la transparencia de los sistemas y la protección de los datos personales.
También se exige mantener la supervisión humana en los procesos de toma de decisiones y adoptar mecanismos destinados a prevenir sesgos algorítmicos o prácticas discriminatorias.
La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la definición de estándares técnicos para adquirir e implementar sistemas de inteligencia artificial. Además, deberá evaluar los riesgos de cada herramienta, homologar las soluciones empleadas por los organismos y elaborar un manual para orientar las contrataciones públicas relacionadas con esta tecnología.
La normativa contempla, asimismo, la posibilidad de convocar a un consejo asesor interdisciplinario. Ese espacio estará conformado por especialistas que desempeñarán sus funciones ad honorem.
Evaluaciones antes de cada implementación
Antes de incorporar un sistema de inteligencia artificial, los organismos deberán realizar una evaluación de impacto. El análisis tendrá que considerar sus posibles consecuencias sobre los derechos fundamentales, la calidad de los datos utilizados para su entrenamiento y la eventual presencia de sesgos.
La evaluación también deberá contemplar los efectos sobre el empleo público y el consumo energético requerido por cada desarrollo tecnológico.
El decreto será obligatorio para la administración pública provincial centralizada, descentralizada y autárquica. Los municipios bonaerenses, en tanto, podrán adherir voluntariamente al régimen.
