La Justicia frenó el programa "Volver al Trabajo": 900 mil beneficiarios se quedan sin cobrar desde agosto

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que garantizaba la continuidad del programa "Volver al Trabajo" y dejó sin efecto la obligación del Ministerio de Capital Humano de seguir transfiriendo los pagos mensuales.

Con el fallo, el Gobierno logró dar vuelta el revés judicial de primera instancia y podrá avanzar con la baja definitiva del esquema asistencial. Más de 900 mil trabajadores de la economía popular dejarán de cobrar a partir de agosto.

Los camaristas sostuvieron que mantener la cautelar implicaba "un adelantamiento directo del resultado final del juicio de fondo". De esta forma desarmaron la resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que había calificado el desmantelamiento del programa como una medida "regresiva e inconstitucional" contra personas en situación de extrema vulnerabilidad.

$80.000 menos por mes en los barrios
El impacto será inmediato en todo el país. La interrupción de los pagos se hará efectiva en agosto y cancela las liquidaciones salariales complementarias.

Cada beneficiario dejará de percibir la asignación mensual que rondaba entre $78.000 y $80.000. Para la UTEP, esos fondos de ANSES funcionan como "un ingreso de emergencia elemental" para cubrir la canasta básica de hogares sin trabajo formal.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular repudiaron el fallo y advirtieron que la Justicia "una vez más actúa en connivencia con el Ministerio de Capital Humano, y no tiene en consideración que el hambre no espera". La organización viene realizando protestas bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud".

Vouchers de capacitación y giro del presupuesto
Con el respaldo judicial, la ministra Sandra Pettovello recupera el control para eliminar las transferencias directas sin contraprestación.

El plan de Capital Humano es reemplazar "Volver al Trabajo" por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Las partidas irán directo a empresas, centros formativos provinciales u organizaciones que dicten los talleres.

En la Casa Rosada argumentan que el programa tenía una vigencia de dos años ya cumplida y que la continuidad forzada por los jueces consolidaba "la perpetuidad del asistencialismo" en manos de organizaciones sociales.

Además, desde la cartera informaron que los recursos se redireccionarán para financiar la extensión de la doble jornada escolar en primarias de zonas con pobreza estructural.

Tras el fallo, UTEP y los movimientos sociales se declararon en estado de alerta y movilización y anticiparon que profundizarán los planes de lucha ante lo que consideran un recorte de derechos adquiridos.