Francisco Adorni, cada vez más cerca del debate por sus fueros

La situación judicial de Francisco Adorni comenzó a proyectarse sobre la Legislatura bonaerense. El diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en el centro de un expediente que investiga más de diez rectificaciones realizadas sobre sus declaraciones juradas patrimoniales.

El juez federal Daniel Rafecas todavía no resolvió el pedido de indagatoria presentado el 18 de junio por el fiscal Guillermo Marijuán. Antes de adoptar una decisión, el magistrado ordenó nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del legislador y determinar si las modificaciones detectadas fueron simples errores, como sostiene su defensa, o si existió una maniobra para ocultar información.

Mientras la investigación continúa en Comodoro Py, dentro de la Cámara de Diputados bonaerense comenzaron las conversaciones informales sobre un escenario que hasta hace pocas semanas parecía lejano: un eventual tratamiento de las inmunidades de Adorni.

Las medidas ordenadas por Rafecas

Entre las nuevas diligencias, Rafecas solicitó a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada presentada por el diputado. También requirió información al Banco Provincia para reconstruir los pagos realizados por un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos entre 2024 y 2026.

El juez pidió, además, datos al Registro de la Propiedad sobre dos inmuebles que habrían ingresado al patrimonio de Adorni mediante una sucesión. Con esa documentación buscará establecer si existe correspondencia entre los bienes, ingresos y movimientos financieros del dirigente libertario.

Una vez incorporados esos informes, el magistrado deberá resolver si convoca al legislador a declaración indagatoria, tal como solicitó el fiscal.

Más de diez rectificaciones patrimoniales

Según la acusación fiscal, Francisco Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales entre febrero de 2024 y enero de 2026, cuando se desempeñaba como titular de la Unidad de Auditoría Interna, auditor del Ministerio de Defensa y presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares —IAF—.

Cada una de las presentaciones originales habría sido corregida al menos dos veces. La investigación detectó más de diez rectificaciones, varias de ellas realizadas después de que comenzara la auditoría sobre su patrimonio.

Uno de los puntos centrales es una herencia de 21 millones de pesos que no habría sido incluida inicialmente en la declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción. En una corrección efectuada en 2025, Adorni incorporó 24,5 millones de pesos en efectivo, de los cuales 21 millones correspondían a esa herencia.

También agregó cuentas bancarias en pesos y dólares, tarjetas de crédito propias y de su esposa y otros datos que no figuraban en las presentaciones originales.

Para Marijuán, las modificaciones podrían configurar una omisión o falsedad en las declaraciones juradas. La defensa, en cambio, asegura que se trató de errores materiales que fueron subsanados posteriormente. Adorni conserva el estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.

La indagatoria no implica un desafuero automático

Una eventual convocatoria a indagatoria no provocaría por sí sola la pérdida de los fueros ni la salida de Adorni de la Cámara. La legislación establece que el proceso judicial puede avanzar mientras no se adopten medidas que afecten directamente la inmunidad personal del legislador.

La Ley Nacional 25.320 determina que el llamado a indagatoria no constituye una restricción de la libertad. Sin embargo, si el legislador no compareciera o la Justicia pretendiera disponer una medida coercitiva protegida por sus inmunidades, el tribunal debería solicitar la intervención de la Cámara correspondiente.

En el ámbito provincial, los artículos 97 y 98 de la Constitución bonaerense protegen la inmunidad personal de diputados y senadores. También habilitan a la Cámara, después de examinar el mérito de la acusación, a suspender al legislador y dejarlo a disposición del juez. Para hacerlo se necesita el voto de los dos tercios.

Por lo tanto, ni la indagatoria ni un eventual procesamiento obligarían automáticamente al cuerpo a desaforar al diputado. Sí aumentarían la presión política y podrían abrir un procedimiento legislativo si la Justicia solicitara formalmente el levantamiento de sus inmunidades.

Movimientos en la Cámara de Diputados

Dirigentes del oficialismo bonaerense y referentes de un bloque dialoguista ya comenzaron a evaluar los pasos que podrían seguir si Rafecas convoca a Adorni y posteriormente dicta su procesamiento.

Por el momento no existe un pedido judicial de desafuero ni una iniciativa formal presentada en la Cámara. La Libertad Avanza evita fijar posición y aguarda una resolución concreta antes de pronunciarse sobre la situación de su legislador.

El debate colocaría al bloque libertario frente a una definición incómoda: respaldar la continuidad de Adorni o acompañar el levantamiento de sus inmunidades para que quede plenamente a disposición de la Justicia.

Un antecedente excepcional

La historia legislativa bonaerense muestra que el desafuero es una medida extraordinaria. En casi nueve décadas, el único caso aprobado fue el del diputado radical Mario Bessone, en 1937, después de asesinar a un legislador conservador.

Otros pedidos impulsados en 2008 y 2019 no consiguieron los votos necesarios o quedaron frenados en comisión. Ese antecedente permite anticipar que cualquier avance contra Adorni requerirá una negociación política compleja y una mayoría agravada difícil de alcanzar.

Del peronismo platense a La Libertad Avanza

Francisco Adorni ingresó a la Legislatura bonaerense en 2025 por La Libertad Avanza. Antes había militado en el peronismo platense, integrado listas electorales y ocupado cargos dentro de la administración pública provincial.

Su desembarco en puestos nacionales estuvo asociado al crecimiento político de su hermano Manuel Adorni. Esa relación agrega tensión a un expediente que aparece mientras el espacio libertario atraviesa una reconfiguración interna después de la salida del exjefe de Gabinete.

A la investigación patrimonial se suma otro expediente en Comodoro Py. El juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González analizan presuntas irregularidades relacionadas con el IOSFA y un préstamo de 40 mil millones de pesos otorgado por el IAF.

Esa causa, que también involucra al exministro de Defensa Luis Petri, fue unificada con otra investigación sobre compras directas de armamento y medicamentos por 25 mil millones de pesos en cada caso.

Aunque el desafuero todavía es una posibilidad y no una decisión en marcha, el futuro judicial de Francisco Adorni ya dejó de ser un asunto de exclusiva competencia de Tribunales.