Avanza una ley para que las petroleras avisen antes de aumentar los combustibles

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense dio despacho favorable al proyecto impulsado por la diputada del Frente Renovador Ayelén Rasquetti, que busca obligar a las empresas petroleras y estaciones de servicio a informar con anticipación los aumentos en los precios de los combustibles.

La iniciativa apunta a recuperar previsibilidad y transparencia en un mercado clave para la vida cotidiana de millones de bonaerenses. Según explicó la legisladora, tras la eliminación de la normativa nacional que exigía comunicar previamente las subas, los incrementos comenzaron a aplicarse sin aviso, lo que afecta de manera directa a consumidores, trabajadores, comerciantes y sectores productivos.

El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán informar cualquier modificación en los precios de los combustibles con 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio estarán obligadas a comunicar esos aumentos al público con al menos 48 horas de antelación, mediante cartelería visible.

“Lo único que estamos pidiendo es transparencia. Si una empresa decide aumentar el precio de un bien esencial como el combustible, los consumidores tienen derecho a saberlo antes y no enterarse cuando llegan al surtidor”, sostuvo Rasquetti.

La diputada aclaró que la propuesta no apunta a fijar precios ni a intervenir en el funcionamiento del mercado, sino a garantizar información clara y oportuna para que los usuarios puedan tomar decisiones con previsibilidad.

“Resulta llamativo que haya sectores que se opongan a una medida tan básica como informar un aumento. Cuando alguien se resiste a la transparencia, la pregunta es simple: ¿qué es lo que no quiere que la gente sepa?”, agregó la legisladora del Frente Renovador.

Con el despacho favorable en la Comisión de Legislación General, el expediente dio un nuevo paso dentro de la Cámara baja bonaerense y continuará ahora su recorrido parlamentario. Desde el espacio impulsor remarcan que la iniciativa busca convertirse en una herramienta de protección para los consumidores, en un contexto en el que el combustible funciona como un insumo estratégico para la movilidad, el trabajo, el comercio y la producción.