El impacto de la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo continúan golpeando de forma directa a la administración de los consorcios. Durante el año 2026, el porcentaje de propietarios con deudas en sus expensas alcanzó el 17%, según un revelamiento de la plataforma de gestión Octavo Piso. Esta cifra implica que casi uno de cada dos cinco departamentos mantiene pagos pendientes, una situación que tensiona las finanzas internas y altera la convivencia económica dentro de las comunidades de vecinos.
Una moderación que no alcanza para normalizar
Los datos del sector muestran que, si bien el panorama actual es complejo, el índice de incumplimiento comenzó a registrar una leve moderación en comparación con los picos críticos observados en los últimos meses. Los administradores asocian esta pequeña mejora a la desaceleración de la inflación y a una mayor previsibilidad en los ingresos de los hogares, factores que permitieron a una parte de los propietarios empezar a regularizar sus saldos acumulados.
Sin embargo, los referentes de la actividad advierten que el indicador todavía permanece en niveles alarmantes y muy por encima de los parámetros considerados normales antes de la escalada de los costos de mantenimiento.
La pirámide de prioridades en el gasto familiar
Desde el sector de administración explican que la raíz de la morosidad actual responde a una reorganización forzada de la economía doméstica. Ante incrementos simultáneos y severos en los servicios públicos, los impuestos de la vivienda y las cuotas de los créditos, muchas familias se ven obligadas a establecer prioridades estrictas.
En este escenario, el pago de las expensas suele quedar relegado para más adelante, asumiéndose como un compromiso financiero postergable frente a necesidades más inmediatas o de corte alimentario y de salud.
El impacto directo en el mantenimiento edilicio
La persistencia de este nivel de morosidad tiene consecuencias concretas sobre la infraestructura urbana. Al contar con menos recursos disponibles en la caja mensual, los consorcios entran en una etapa de administración de emergencia. Las consecuencias más visibles de este ajuste incluyen:
Postergación de reparaciones: Se postergan los arreglos no urgentes en áreas comunes, fachadas o pasillos.
Freno a las obras de mejora: Se suspenden los proyectos de modernización, pintura o cambios estructurales previstos.
Cuidado extremo de los fondos: Se limitan al mínimo indispensable los recursos destinados a los servicios comunes cotidianos.
Esta falta de inversión preventiva, advierten los especialistas, termina acelerando el deterioro general de los edificios y puede afectar a mediano plazo el valor de mercado de las propias unidades inmobiliarias.
El desafío para los próximos meses
Frente a este contexto, los administradores de consorcios coinciden en un diagnóstico prudente: si bien la reducción de la mora representa una señal positiva y un alivio parcial, todavía es muy prematuro hablar de una normalización del sector. El gran desafío para la segunda mitad del año será consolidar esta tendencia a la baja, con el objetivo de que los niveles de incumplimiento regresen de forma definitiva a los valores habituales del mercado local.